Cristian Ibáñez, concejal del grupo municipal de Izquierda Unida en Almansa, hizo públicas las aportaciones presentadas al borrador de la nueva ordenanza reguladora de las ayudas económicas individualizadas gestionadas por los Servicios Sociales municipales. «Nuestro objetivo es que se tengan en cuenta y se aprueben, mejorando por tanto esta nueva ordenanza», afirmó el edil tras felicitar al coordinador del área y al resto de técnicos de la concejalía Bienestar Social por su gran trabajo en esta nueva regulación.
Los propuestas de IU se vertebran en tres aspectos. El primero de ello se centra en mejorar la redacción del documento, utilizando un lenguaje más igualitario e inclusivo. El segundo objetivo sería vincular los requisitos económicos de acceso a las ayudas al IPREM multiplicado por distintos valores (1, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 o 3) si la unidad familiar se compone de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o más personas.
Izquierda Unida también defiende añadir como requisitos de acceso a las ayudas la búsqueda activa de empleo de las personas en edad de trabajar y la asistencia regular a los centros escolares de los niños, niñas y adolescentes que forman parte de la unidad de convivencia. El grupo también aboga por establecer un mínimo de 120.000 euros en la consignación presupuestaria para ejecutar dicha ordenanza.
Con esta cuantía pretenden que se aumente considerablemente el importe de las ayudas individualizadas en concepto de necesidades básicas «para ajustarlas al coste real de la vida», valoró Ibáñez.
El número uno de IU afirmó que «esta nueva ordenanza supone un gran salto cualitativo y cuantitativo con respecto a la regulación actual de dichas ayudas, demostrando que era imprescindible y urgente su actualización». Y recordó que IU «lleva años proponiendo esta mejora y el PP siempre decía que no era necesario. Una vez más, el tiempo nos da la razón».
El concejal considera que el trabajo técnico de los profesionales de SS.Ss municipales es «muy bueno» y que las propuestas son «para mejorar las coberturas a la ciudadanía, garantizar presupuesto para aplicar la ordenanza y que los requisitos de acceso se ajusten al máximo a la realidad socioeconómica de la ciudad».