La empresa Sanity Health, fábrica de mascarillas y productos de protección sanitaria del Grupo Sixty Confort, la cual está asentada en Almansa, ha recibido una sentencia judicial del Juzgado de lo Social nº3 en la que la jueza afirma que hubo una labor obstruccionista por parte de la empresa ante las elecciones sindicales que se organizaron en la misma.

Comisiones Obreras ha llevado la sentencia a Inspección de Trabajo con la esperanza de que «proceda contra la empresa» y se eviten situaciones en las que se vulneran los derechos de los trabajadores.

Desde el sindicato aseguran que este suceso confirma «una estafa para la ciudadanía», puesto que la empresa prometió muchos puestos de trabajo, llegando incluso a contratar a un centenar de personas, pero que, con el paso del tiempo, tan solo han quedado 6 trabajadores en plantilla.

CCOO Almansa dudó desde el principio

Pedro González, de CCOO Almansa, explicó en rueda de prensa: «Hace tiempo, nos anunciaron a bombo y platillo la llegada a Almansa de una empresa que nos iba a salvar, para tremenda alegría de nuestro pueblo. Nosotros desde el principio dudamos, fuimos críticos y pensábamos que todo no era tan bonito como nos lo estaban planteando. Ahora, 18 meses después, los propios juzgados nos dan la razón».

González reconoció que la empresa empezó con mucho movimiento de trabajo y que en CCOO tuvieron mucha actividad por parte de trabajadores que reclamaban que el trato no era el más correcto y que los salarios no eran los que se debían cobrar.

«Intentamos hacer elecciones sindicales en aquella empresa, donde había más de 60 trabajadores, en la que incluso llegó a haber sobre 100 obreros. Poco tiempo después, automáticamente, desaparecieron todos los trabajadores, solo quedaban 6 trabajadores en esa empresa», narró el sindicalista local.

El problema llegó, según CCOO, cuando la empresa comenzó a realizar acciones que entorpecían la realización de estas elecciones: problemas y dudas sobre la veracidad del censo y la presentación de un candidato «independiente». 

«Labor obstruccionista de la empresa»

Francisco Gómez Tornero, secretario provincial de acción sindical de CCOO Albacete, advirtió: «Lo que ha demostrado esta empresa, Sanity Health, es un profundo desprecio por la Ley Orgánica de Libertad Sindical y a la propia constitución española».

En mayo se convocaron las elecciones sindicales, había perspectivas de contar 50 trabajadores en activo, y se constituyeron las elecciones en junio. «Entre medias vamos detectando falta de documentación, de comunicación y ciertos comportamientos que nos indicaban que las cosas no iban a ser del todo correctas», narró Gómez.

Fue en junio cuando se constató esta situación. «Nos pasaron un censo en el que constaba que había 12 personas trabajadoras, muchas menos de las que pensábamos que iba a haber mediante informaciones de la propia empresa».

«Directamente manifestamos nuestra disconformidad con la situación y buscamos plasmarla por escrito. Es aquí cuando la empresa impide al representante de CCOO que presente la queja formalmente», explicó Gómez Tornero y añadió: «Para que comprendáis lo burdo del asunto, presentaron a una persona de una candidatura independiente que terminó sacando más votos que personas que trabajaban en la empresa. Había 12 personas en el censo electoral y esta persona consiguió 14 votos, un recuento propio de un país bananero. De esta forma, impugnamos las elecciones y se sometió a arbitraje, desde el cual, como no puede ser de otra manera, nos dieron la razón e instaron a la empresa a retroceder en el proceso hasta la entrega del censo».

Ante el requerimiento de entrega del censo, la empresa «no hizo ni el más mínimo caso a este» y presentó una demanda en el Juzgado de lo Social y es aquí es donde se lleva «un varapalo judicial antológico, digno de enmarcar», según CCOO.

Un párrafo dentro de los hechos probados que recoge la sentencia de la jueza del Juzgado de lo Social número 3 dice lo siguiente: «Se desprende una clara labor obstruccionista por parte de la empresa Sanity Health, vicio grave que afecta a las garantías del proceso electoral e influye y altera el resultado de las elecciones».

La semana pasada CCOO dejó presentada una denuncia ante Inspección de Trabajo para que proceda contra esta empresa. La ley dice que impedir u obstaculizar el desarrollo de las elecciones sindicales por cualquier medio podría declararse por la autoridad laboral como «una infracción muy grave tipificada en el artículo 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social y podría ser sancionada Entre 6.251 € y 187.515 €».

«Estamos ante una situación grave, un incumplimiento muy grave, cuya única culpa recae sobre la empresa y sobre la gente que dirige la misma», concluyó Gómez Tornero.

CCOO defiende la organización de los trabajadores

Itsaso Cortés, secretaria provincial de la sección de industria de CCOO Albacete, declaró: «No nos gustaría comunicar a los medios una cuestión como esta en el futuro. Creemos que la realidad de Almansa y de la provincia exige que las personas estén organizadas en sus centros de trabajo, que realmente puedan organizarse sindicalmente y que las empresas no interfieran en los procesos de elecciones sindicales». 

Y añadió: «Por desgracia no es ni la primera ni la segunda vez que nos encontramos con empresas que intentan interferir en las elecciones sindicales. El caso de Sanity Health es un exponente muy grave, porque realmente ya llega un punto en el que no se deja ni acceder a las personas de Comisiones Obreras a las instalaciones. Hablamos de una empresa que busca que no se realicen las elecciones sindicales e incluso presenta una candidatura independiente que sea más afín a la empresa, lo digo así de una manera sutil». 

«Queremos que la sociedad entera entienda que la organización en los puestos de trabajo es una manera de equilibrar las relaciones laborales, de que las personas trabajadoras se defiendan o defiendan sus intereses dentro de los centros de trabajo y que en el día a día puedan mejorar sus condiciones laborales y de vida, pues al fin y al cabo es lo que quiere las personas trabajadoras», afirmó Cortés.

«Una estafa a la ciudadanía»

Pedro González, explicando su postura al considerar este caso como «una estafa», comentó: «Llegas a este pueblo diciendo que vas a crear 100 puestos de trabajo y al final la realidad nos lleva a que solo hay 6 personas trabajando. Eso lo considero una estafa a la ciudadanía, no es que sea una estafa de papel que te dan y firmas, no. Es una estafa, puesto que se ha dado una promesa que con el tiempo no se ha cumplido».

La situación actual de la empresa pasa por una etapa de no producción, según afirman desde CCOO.