Podemos Almansa ratifica las declaraciones que hizo Izquierda Unida en el debate de TV Almansa el pasado miércoles diecinueve, refiriéndose a la desaparición de trabajadores municipales, durante los gobiernos del PSOE antes, y del PP ahora; así como la reducción de la tasa de reposición (sustituciones generadas por jubilaciones, bajas y despidos).

La amortización de plazas incide directamente en la falta de calidad de los servicios prestados, y sirve de coartada a los partidos neoliberales en el gobierno municipal para externalizar y privatizarlos mismos.

Para la formación morada la administración de lo público no debe basarse en el ahorro ni en el endeudamiento, solo en la prestación del servicio con calidad y, para ello, basta con utilizar adecuadamente los recursos de los que dispone. Añaden que los políticos del ayuntamiento solo deben marcar las líneas maestras de las actuaciones municipales y la obtención de los recursos necesarios, que es la parte política, y los técnicos y funcionarios ejecutarlas en base a los recursos disponibles, capacidad y profesionalidad; esto es, los políticos el “que hay que hacer y con cuanto” y los técnicos el “como hay que hacerlo”.

Por querer justificar sueldos injustificables de los concejales con delegaciones, estos dirigen las concejalías haciendo y deshaciendo a su libre albedrío, mientras que los técnicos, funcionarios y trabajadores municipales, que son los que mejor conocen los temas en cuestión, atados de pies y manos.

Basta ya, dice el circulo local de PODEMOS, del rancio discurso ese en el que el aumento de personal cuesta dinero, los servicios cuestan dinero, que no hay de donde sacar el dinero y que la gestión privada es mas barata, que defienden el PP y Ciudadanos. La realidad es que subcontratar con empresas externas supone pagar el costo del servicio, sueldos de grandes ejecutivos y el beneficio empresarial destinado a los accionistas (sobre un 20%).

Por último, Podemos Almansa defienden que si se pagaran sueldos y pensiones justas, que permitieran a la ciudadanía vivir decentemente, las instituciones no necesitarían destinar partidas económicas de para ayudas ni subsidios. Nuestros representantes en los diferentes parlamentos deben legislar para ello y no permitir que los beneficios empresariales salgan del ahorro en gastos laborales y sociales, en vez de salir de la mejora en la producción y en la calidad de la actividad económica de las empresas.