El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha remitido hoy al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, una carta en la que ha dado traslado de la propuesta del Ejecutivo autonómico para que se aborde y apruebe en la próxima Conferencia de Presidentes un compromiso de Estado con el objetivo de que las decisiones o medidas que adopte el Ejecutivo nacional y que supongan incremento de gasto o reducción de ingresos no afecten a la capacidad financiera de las comunidades autónomas para hacer frente a la prestación de los servicios públicos de su competencia.

El presidente Page ha firmado públicamente esta carta en un acto oficial celebrado en el Palacio de Fuensalida, en el que ha estado acompañado por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

En la rueda de prensa posterior, Ruiz Molina ha señalado que el objetivo de este compromiso es hacer efectivo el “principio de lealtad institucional” que debe primar entre las distintas administraciones públicas y que es uno de los principios básicos que conforman el Sistema de Financiación Autonómica.

En la misma línea, ha manifestado que “este compromiso de Estado debe servir para que cada vez que el Gobierno de España, sea del signo que sea, adopte medidas que supongan un incremento de gasto o una reducción de ingresos que pueda afectar a la capacidad financiera de las comunidades autónomas, garantice siempre la suficiencia financiera de tales medidas y que ese sobrecoste no suponga un esfuerzo adicional ni repercuta sobre las reglas establecidas en el actual modelo de financiación autonómica”.

Merma anual de la capacidad financiera de 280 millones de euros

En este sentido, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha trasladado a los medios de comunicación varios ejemplos de medidas adoptadas por el Estado que han supuesto tanto una merma de ingresos a las comunidades autónomas, como han sido la reducción del IVA o del Impuesto Especial de Electricidad, o un incremento de gastos para las autonomías en ámbitos como la atención a las personas con discapacidad o a las personas mayores o la enseñanza universitaria.

Solo con estos ejemplos ha estimado en alrededor de 280 millones de euros la merma anual de la capacidad financiera de Castilla-La Mancha, de los cuales 190 millones son por la menor recaudación derivada de la reducción de tipos impositivos y 90 millones, por gastos adicionales, ha explicado el consejero; que ha considerado esa cuantía una cifra “escandalosa” teniendo en cuenta que “a esta infrafinanciación que sufrimos por estas decisiones que no vienen acompañadas de suficiencia financiera, se suma a que somos una de las comunidades autónomas peor tratadas por el actual Sistema de Financiación Autonómica, que está caduco”.

No poner en peligro políticas del Estado del Bienestar

En su intervención, ha reiterado la importancia de alcanzar un acuerdo entre el Estado y las comunidades autónomas sobre esta cuestión en el marco de la Conferencia de Presidentes, “para evitar que cuando la Administración del Estado, gobierne quien gobierne, tome una decisión que conlleve mayor gasto público o menores ingresos para las comunidades autónomas, no dificulte o ponga en peligro políticas ya consolidadas, como en el ámbito sanitario, educativo, de servicios sociales o de las propias infraestructuras”.

Para facilitar ese compromiso de Estado, Ruiz Molina ha informado que en la carta remitida por el presidente Page se adjunta un borrador para que sirva como punto de partida para abordar en la Conferencia de Presidentes este asunto y que ese acuerdo estatal, si se alcanza, “debería estar recogida en el nuevo modelo de financiación autonómica que se aborde”.

Al respecto, el consejero ha querido dejar claro que el Gobierno de Castilla-La Mancha no cuestiona en ningún momento el efecto positivo que las decisiones adoptadas por los distintos Gobiernos de España hayan tenido o estén teniendo para el conjunto de la ciudadanía, pero “sí que queremos con esta iniciativa dar traslado de nuestra preocupación por la incidencia negativa que provoca estas medidas en el ámbito de la financiación autonómica”.