Una agrupación de vecinos de Ayora se posiciona en contra de la novillada | El pasado domingo 14 de julio, un grupo de vecinos de Ayora, que se hacen llamar «Oposición Novillada Ayora» o «Stop Novillada Ayora» en redes sociales, se reunieron para expresar su rechazo a la novillada programada para el próximo 9 de agosto en su municipio. Se sacrificarán cuatro novillos por un torero nacido en la localidad y el objetivo de esta agrupación es evitar la celebración del acto.
La novillada se celebrará en una plaza portátil cuya construcción tiene un coste inicial de 12.705€ aportados por el Ayuntamiento de Ayora, a los que se suman cerca de 17.000€ por la «Contratación de Servicios Taurinos». Además, también se ha previsto el alquiler de la plaza para el 11 de agosto, explica la agrupación. Esta decisión ha generado controversia, ya que una parte considerable de la población rechaza estos espectáculos debido al sufrimiento infligido a los animales.
Según esta agrupación de vecinos de la localidad, el alcalde de Ayora y Director General de Gestión del Sistema Sociosanitario del gobierno de la Generalitat Valenciana, José Vicente Anaya Roig, ha sido el principal defensor de estas novilladas desde el principio. El equipo de gobierno local espera recuperar la inversión a través de la venta de dos mil entradas a 15€ cada una, sin considerar el costo de la explanación de terrenos junto a la Rambla de la Hoya Gil, catalogados como Suelo No Urbanizable Protegido.
«Lejos de la tradición»
Los vecinos de Ayora subrayan que en la localidad no existe tradición de realizar este tipo de eventos. «Hasta ahora, las fiestas de agosto incluían encierros de vaquillas, y en los últimos años ha crecido el rechazo a cualquier maltrato animal durante los festejos», añaden. La decisión del Ayuntamiento de apoyar esta novillada ha sido vista como «un intento de contentar a una pequeña peña taurina», concluye la agrupación.
Bajo el lema «Toros Sí, corridas NO», la agrupación vecinal planea recoger firmas en oposición a la financiación pública de estos actos y editar materiales alusivos al rechazo. Además, investigarán si el Ayuntamiento ha cumplido con todos los trámites administrativos y normativas medioambientales requeridos para la instalación de la plaza portátil.
