Castilla La Mancha destina 303 millones de euros para fortalecer los servicios públicos en 2025 | El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, destina 303 millones de euros, un 11% más respecto al presupuesto de 2024, lo que supone 26,6 millones más en términos absolutos, a fortalecer los servicios públicos fundamentales, promover el desarrollo económico y seguir impulsando la digitalización de la Administración regional.

Así lo destacó el consejero de este departamento, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes de Castilla-La Mancha, donde compareció el pasado 25 de noviembre para informar sobre el presupuesto de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital para 2025, acompañado por la secretaria general, Macarena Sáiz y el director general de Presupuestos, Isidro Hernández.

Ruiz Molina recordó que este presupuesto de la Junta, que marca el décimo año consecutivo del Gobierno de Emiliano García-Page, asciende a 12.716 millones de euros, lo que supone una variación del 1,9% con respecto a 2024, y que si se dejan al margen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que tuvieron una reducción del 35% respecto a lo que recogía el presupuesto del pasado año, por la buena gestión de estos recursos extraordinarios por el Ejecutivo autonómico, el presupuesto crecerá en el 5,3%, disponiendo de 605 millones más en este próximo ejercicio.

Unos presupuestos elaborados con «prudencia y moderación»

Unos presupuestos que, según señaló el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se elaboraron «con prudencia en la estimación de ingresos y moderación en la determinación de los gastos». Mantienen congelada la presión fiscal, es decir, «no se modifica ninguna figura tributaria», y su diseño se guio por el compromiso con la responsabilidad fiscal. Además, contaron con el respaldo de los agentes sociales, dado que, como destacó el consejero, «el diálogo social es una seña de identidad de este Gobierno, así como de los propios agentes sociales».

Y como informó, se pueden acometer como consecuencia de la «estabilidad política e institucional», facilitando que se puedan aprobar en «tiempo y forma», con la intención de que entren en vigor el 1 de enero, para «cumplir los compromisos adquiridos con la ciudadanía».

En este contexto, el responsable de Hacienda destacó que este presupuesto tiene un «fuerte carácter social», a través del cual se destina más del 72% del presupuesto no financiero a gasto social, para financiar servicios públicos en los que se sustenta el Estado del Bienestar, con 7.125 millones de euros; que en comparación con el año 2015 crece en 2.625 millones.

Además, recordó que las cuentas recogen más de 3.000 millones de euros para incentivar el crecimiento económico y la generación de riqueza y empleo; del mismo modo, dijo que tiene un «fuerte perfil inversor», ya que destina casi 1.500 millones de euros a financiar operaciones de capital y, como en ejercicios anteriores, «comprometido con la lucha contra la despoblación», cuyas partidas crecen un 6% hasta superar en 2025 los 2.000 millones.

Grado de ejecución del presupuesto de 2024

El consejero destacó el grado de ejecución del presupuesto vigente, respondiendo a las críticas formuladas por el Partido Popular. En este sentido, precisó que, en términos no financieros y excluyendo los capítulos relacionados con la deuda, hasta la fecha se han ejecutado 7.825 millones de euros, lo que representa el 72 % del presupuesto inicial. En comparación con el gasto ejecutado a fecha de 30 de octubre de 2023, se han gastado 627 millones más, un 8,7%, poniendo de manifiesto que «somos capaces de cumplir con el presupuesto, ejecutando a unos niveles muy por encima de lo que inicialmente presupuestamos».

Con respecto al estado de ingresos, el consejero señaló que, a fecha de 30 de octubre, se han ingresado 9.987 millones, es decir más del 80% de lo inicialmente estimado, y remarcó que, si se tiene en cuenta que muchos de los ingresos, principalmente los que proceden de la Administración del Estado o de la Unión Europea, se liquidan al final del ejercicio, se pone de manifiesto que «las estimaciones realizadas se ajustan a la realidad».

La Agencia de Transformación Digital como «principal novedad» para 2025

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, en relación al presupuesto de su Consejería, señaló que incluye como «principal novedad» con respecto a 2024, una nueva sección presupuestaria relativa a la Agencia de Transformación Digital. Se trata de un organismo autónomo que entró en funcionamiento el pasado mes de octubre, y a cuyo presupuesto se imputan los programas vinculados a administración digital y telecomunicaciones y a salud digital, que estaba asignado al Sescam, y que «no supone un incremento de gasto».

Por lo tanto, añadió el consejero, que en esta área, se destinarán 176 millones de euros a cumplir con la «hoja de ruta» marcada por el Gobierno regional en materia de tecnología, y que tiene como objetivos: avanzar en la digitalización de la administración pública; proseguir con el Plan de Capacitación Digital de la Ciudadanía; reforzar el área de ciberseguridad, potenciando la formación y concienciación en seguridad digital; fomentar la innovación tecnológica de la región, a través de la colaboración público-privada y fortalecer la salud digital, para la mejorar la atención sanitaria.

Ofertas públicas de empleo, incremento retributivo y Protección Ciudadana

El consejero también indicó que, en el área de recursos humanos, el principal objetivo es «la consolidación del empleo público en Castilla-La Mancha, reduciendo la tasa de interinidad y garantizando que el personal empleado público no sea de nuevo moneda de cambio si vienen mal dadas desde el punto de vista financiero».

De la misma manera, añadió que este presupuesto incluye un incremento retributivo adicional del 0,5% asociado a la inflación, cuya aplicación se prevé a principios de 2025, con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024, y una previsión que garantice el abono de un «incremento retributivo máximo que nos autorice el Gobierno Central para los empleados públicos en 2025». Así como, los gastos derivados de los procesos selectivos que se van a desarrollar en el próximo año, y que contempla un total de 2.306 plazas de Administración General, y al que se sumaran las de Educación y Sanidad.

Ruiz Molina también se refirió al área de los recursos financieros, en cuyo caso indicó que el objetivo es seguir reduciendo el porcentaje de deuda con respecto al PIB regional, como «se ha venido haciendo en ejercicios anteriores», y en este sentido recordó que «somos una de las comunidades autónomas que más ha reducido esta ratio, y que es el que nos está posibilitando que seamos una de las administraciones que más rápidamente paga a sus proveedores».

Por otro lado, también hizo referencia al presupuesto relativo al área de Protección Ciudadana, en cuyo caso, se incrementará cerca de un 5% el presupuesto, superando la barrera de los 15 millones de euros. Un presupuesto que como ha manifestado va a permitir financiar, la construcción de un nuevo edificio del 1-1-2 de Castilla-La Mancha, cuyas obras se iniciaron este mismo mes de noviembre; la licitación e inicio de obra de la nueva Escuela de Protección Ciudadana; y la concesión de nuevas ayudas para dotar de equipamiento a las agrupaciones, y contribuir a la mejora de la oferta formativa para los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, y de 100 nuevos policías locales.