El Tribunal de Cuentas ha remitido esta semana al Ayuntamiento de Almansa un informe de Fiscalización sobre la contrata de la limpieza de edificios municipales. Y es que, el Ayuntamiento gastó en limpieza 255.000 euros durante el Estado de Alarma, según el PSOE, cuando la mayoría de los centros estaban cerrados. El organismo estatal requiere ahora que la corporación almanseña presente la documentación necesaria para explicar por qué no suspendió este servicio.

Los concejales Salud López y Pablo Sánchez explicaron esta mañana, 4 de noviembre, que el Tribunal ve «indebida gestión de los recursos públicos» y supuestos de «responsabilidad contable» en la gestión municipal. López explicó que este informe resulta de una campaña de inspección de contratos, que está llevando a cabo este tribunal estatal con los municipios del país.

En el texto se detalla en veinte puntos las conclusiones preliminares y da a Alcaldía cuatro días para subsanar la falta de documentación o presentar alegaciones. Por su parte, el equipo de Gobierno respondió esta misma mañana que, aunque los centros municipales permanecieran cerrados, sí que se efectuó una limpieza y desinfección extraordinaria de los mismos. Por tanto, no se rescidió el contrato. Así mismo, la Portavoz, Tania Andicoberry, aclaró que el área de Contratación trabaja ya en la elaboración de un documento que explicará y subsanará los requerimientos del Tribunal de Cuentas.

Limpieza de edificios cerrados

Sin embargo, las irregularidades son «importantes», en palabras de la socialista. La más relevante, para ellos, es la relativa a la gestión del contrato del servicio de limpieza de edificios durante el confinamiento. Al Tribunal de Cuentas «no le consta que el servicio se suspendiera total o parcialmente durante los meses que estuvo vigente el Estado de Alarma».

Fue el Decreto de Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al impacto de la COVID19, aprobado el 17 de marzo, el que permitía al Ayuntamiento la suspensión total o parcial de este servicio, dejando servicios mínimos para los edificios que permanecieran abiertos. Pero la mayoría de los edificios municipales permanecieron cerrados durante el Estado de Alarma: colegios públicos, escuelas infantiles, instalaciones deportivas, mercado, etcétera.

«Si se hubiera suspendido el contrato, aunque hubiera sido parcialmente, el Ayuntamiento no habría tenido que abonar los costes íntegros de limpieza de estos edificios cerrados», defiende López. Esto evidencia, dice el Tribunal de Cuentas, «una indebida gestión de los recursos públicos al no utilizar todos los mecanismos previstos por el legislador para suspender los servicios en aquellos edificios e instalaciones que permanecían cerrados, como los colegios públicos».

López aseguró que, efectivamente, el Ayuntamiento pagó tres facturas por la limpieza de edificios los meses del confinamiento (marzo, abril y mayo) por valor de 85.219 euros cada una: un total de 255.000 euros.

Es más, dice el Tribunal de Cuentas que «si se abonaron las facturas sin que los servicios efectivamente se llegaran a prestar, este hecho podría llegar a constituir un supuesto de responsabilidad contable» por daños en los fondos públicos.

«Estamos hablando en muchas ocasiones de la gestión de este Ayuntamiento con las empresas concesionarias, en este caso se trata además de una absoluta desidia y dejadez de Roselló, que tenía en su mano poder suspender el contrato y ahorrar así esos costes de cientos de miles de euros, sin causar perjuicio a la concesionaria ni a sus trabajadores que podrían haberse acogido a su vez al decreto de medidas del COVID, en concreto a los ERTES», explicó la socialista.

Además de esta, en el documento aparecen más irregularidades y algunas de ellas, según el propio tribunal, podrían incurrir en responsabilidades por parte de los gestores municipales.

Un contrato de cuatro millones

Pablo Sánchez continuó explicando que el contrato de limpieza de edificios adjudicado a Ferrovial tiene un valor de más de cuatro millones de Euros (IVA incluido) en cuatro años, es decir, supone para el ayuntamiento más de un millón de euros al año. Este contrato comprende la limpieza de diez Colegios Públicos, las cuatro Escuelas Infantiles, las instalaciones de Deportes, Cultura, Servicios Sociales, Juventud, Empleo, Oficina Técnica, Mercado, Estación de Autobuses (prácticamente todo, excepto Casa Grande y Policía). El actual contrato se adjudicó por concurso en noviembre de 2018 y supuso la continuidad de la adjudicataria Ferrovial.

Más irregularidades

El socialista detalló que el Tribunal de Cuentas ve irregularidades en las prórrogas del contrato previas a la adjudicación y en que Ferrovial siguiera trabajando durante diez meses de 2018 sin contrato. Eso «evidencia una inadecuada y deficiente planificación», considera el Tribunal de Cuentas.

También el Tribunal ve deficiencias en el Pliego con que se licitó el contrato. Consideran que no se ha estudiado «debidamente» el valor del contrato, no se aporta información relevante -como las condiciones de los contratos de los trabajadores- y que no se contienen baremos para valorar muchos de los requisitos que se piden a las empresas.

Por último, Sánchez añadió que el Tribunal de Cuentas también es crítico con el proceso de adjudicación, señalando que en el acta de la mesa de contratación ya aparece la puntuación obtenida por cada una de las empresas presentadas al concurso, cuando los informes técnicos que otorgan estas puntuaciones no se emitirían hasta un mes después.

Datos del Tribunal de Cuentas

El socialista aclaró que «lo que os acabamos de contar es el informe preliminar del Tribunal de Cuentas, no una interpretación ni valoración del PSOE. Aún no se mencionan en él las posibles consecuencias de las irregularidades detectadas. El equipo de gobierno tiene cuatro días para presentar sus alegaciones. Pero no podrá alegar que suspendió el contrato de limpieza de edificios públicos con Ferrovial, porque no fue así».

Y terminó: «Tenemos una nueva irregularidad encima de la mesa por el desinterés y la falta de control de este equipo de gobierno con los servicios externalizados. Ahora sólo nos queda esperar las explicaciones de los responsables y ver dónde acaba este asunto».