La movilización política y social contra la LOMLOE, denominada «ley Celaá», nos devuelve a algo que ya es recurrente cada vez que se anuncia una nueva ley educativa: la oposición a esta. Desde la aprobación de la LODE en 1985 (con Felipe González), que produjo una movilización sin precedentes del sector privado de la enseñanza, hasta la LOMCE (la «ley Wert» del Partido Popular) que provocó la «marea verde» de la escuela pública, la crispación siempre se ha superpuesto al consenso. En esta ocasión, el eslogan que proclaman las patronales de enseñanza concertada es «más libres, más plurales, más iguales». Esta también es la frase que reza la pancarta que ondea sobre las puertas del Colegio Episcopal de Almansa.

Las ventanas del centro han servido de marco para lazos naranjas con los que exigen «pluralidad». Parte de su personal docente se manifestó en coche el 22 de noviembre, ayudando a llenar las calles de más de 50 ciudades, entre ellas, Albacete. Ahora, Charo Cases Aldeguer, la directora titular, y Asun González Garrancho, directora pedagógica del centro, se reúnen con La Tinta de Almansa para expresar su postura con respecto a esta Ley que, en su opinión, no atiende al clamor de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de Estado por la Educación.

Una de las principales críticas a la LOMLOE es la eliminación de la «demanda social». Es decir, que se priorice la planificación de plazas públicas, otorgando un carácter subsidiario a la enseñanza concertada. Pero esto se ha calificado como «intrusismo del Estado» y «un atentado a la libertad de elección de las familias» para escoger el mejor centro para sus hijos por parte de algunas voces políticas.

«Estamos en contra de la Ley porque no respetan la libertad de los padres de elegir el centro al que quieran ir sus hijos», defiende Asun González. Y prosigue: «Yo elijo cuando tengo varias opciones, si solo tengo una no puedo». Sobre la pancarta, indica que pertenece a la plataforma de Más Plurales, «porque no queríamos asociarnos a ninguna idea política, simplemente somos un colegio concertado que quiere una educación inclusiva, libre y plural».

Otro punto caliente de la reforma educativa es el pago de cuotas. El texto de la nueva ley señala que «en ningún caso» podrán los centros públicos o concertados «percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» o por actividades extraescolares. Pero estas aportaciones recibidas por los concertados, explican Cases y González, son siempre «voluntarias». Los colegios que las reciben «no van a desaparecer, porque estamos hablando de colegios con tantísimos recursos… esos que cobran dinero, la mayoría están en barrios donde verdaderamente pueden pasar un recibo».

Pero este, remarcan, no es su caso. «Nosotros jamás hemos cobrado ni un solo duro a nuestros alumnos», defiende Asun, «pues siempre hemos partidarios de que todos los niños y niñas, sin distinción por clase o condición, puedan acudir a nuestro centro. Es más: todos los años presentamos déficit económico». Por lo tanto, esta reforma no les afecta en ese sentido. Ni al Episcopal ni a todos esos colegios concertados humildes, cuyas puertas «están abiertas para todos por igual en función de las plazas que haya».

Además, «se habla de que si los concertados cobramos o no, pero nunca han hablado de a cuántos alumnos con necesidades hemos dado de comer, a cuántos hemos lavado, a cuántos nos hemos llevado a casa para atenderles, a cuántos hemos sacado de la miseria que viven día a día. Eso pasa desapercibido. No interesa».

Charo añade que «no podemos meter a todos los centros en el mismo saco y decir: “la concertada cobra”, porque no es verdad». La inmensa mayoría, según ella, no lo hace. Y reivindica que las maestras y los maestros «no trabajamos solo por el dinero, sino, qué pena, ¿no? Qué pena. De hecho, todos los años, como decía Asun, tenemos euros de déficit cuando hacemos las cuentas a final de curso. Si fuéramos maestras solo por dinero, ya tendríamos que haber cerrado». De todas maneras, prosigue, «no se le puede negar a las familias que quieran invertir en la educación de sus hijos que mejoren el centro al que acuden con donativos».

Pasar de curso sin límite de suspensos

Otro de los objetivos de la Ley Celaá es que la repetición de curso sea algo excepcional. Se permitirá conseguir el título de Bachillerato con una asignatura suspendida, algo que hasta ahora era imposible, y que hacen a imitación de la universidad, donde se puede pasar de curso con materias a compensar. «Esta ley está atacando la profesionalidad de los docentes», expresa Cases. «¿Nos tenemos que conformar con que nuestros alumnos pasen de curso de cualquier manera? Nuestra profesionalidad no consiente esa barbaridad», rehúsa. «No podemos aceptar que pretendan que nos dé igual que nuestros alumnos hayan adquirido o no las competencias -continúa-. Nos están diciendo que podemos hacer las cosas de cualquier manera».

Inclusión de los niños en Educación Especial

La LOMLOE también prevé derivar más niños de la Educación Especial a la ordinaria, con un aumento de recursos en los próximos diez años. En este sentido, Asun no se opone a la inclusión de los niños con distintas capacidades en los colegios «tradicionales». En el Colegio Episcopal ya hay alumnos y alumnas con todas las capacidades: trastorno del espectro autista (TEA), por déficit de atención e hiperactividad (TDH), síndrome de Asperger, parálisis… «Nosotros los acogemos y, con los recursos que tenemos, los atendemos. Y estamos encantados de hacerlo. Ahora bien, si quieren que realmente atendamos a alumnos con discapacidades “más difíciles”, necesitamos especialistas. Sin recursos, la inclusión en los centros ordinarios es un fracaso total», apunta.

La Religión, de nuevo a debate

La Religión es la gran «María» de la LOMLOE. En la práctica, la religión no servirá para subir nota en el expediente, ni para obtener una beca. Charo comenta que «la concertada siempre ha tenido encima la espada de Damocles. Esto no es nuevo; nos han estado tirando piedras toda la vida. Se nos ha acusado de adoctrinar cuando, al contrario, nos quieren adoctrinar desde fuera», reclama. «¿Que tenemos una visión cristiana? Claro que sí. Pero el evangelio no es una doctrina, es un estilo de vida y cada uno puede interpretarlo como quiera. Lo que tenemos que defender es una enseñanza plural, abierta y de calidad, sea pública o concertada».

Al ser preguntada por la Religión y el hecho de que se pueda invalidar la nota de esta materia, Charo casi esboza una leve sonrisa, perceptible incluso bajo la mascarilla: «Lo de la religión y la nota no es importante. No estamos viviendo en la cuadrícula en la que ellos creen que estamos viviendo. Tienen los ojos muy cerrados». El evangelio es «respetar», dice y, por ende, «si yo tengo que respetar a un alumno independientemente de su creencia, ¿por qué le voy a obligar a recibir esta asignatura? Aquí, y desde hace años, ha habido y hay varios alumnos y alumnas que no dan Religión, no tienen nota y ya está. El que no quiere Religión, no la tiene y no está discriminado ni por profesores, ni por alumnos, ni por nadie».

Los profesores, ignorados

«Da igual el color político del Gobierno», arranca Charo. «Da lo mismo -reitera-, hay que consensuar y realizar un Pacto de Estado para la Enseñanza, conforme a todos. Que tanto centros públicos como concertados o privados tengamos los recursos que se necesitan para que nuestro alumnado esté atendido según sus necesidades. Eso es lo único que importa, pero no lo ven porque no están dentro de las aulas. Una ley, sea del tipo que sea, no se hace sin contar con los expertos, y los expertos no están en un despacho, los expertos están las aulas trabajando día a día con el alumnado. Cuando cuenten con ellos, a lo mejor pactamos una ley plural, inclusiva y adecuada», demanda.

Y aún es más crítica con la posición de toda la clase política: «Esta Ley, la hubiese hecho quien la hubiese hecho, es una aberración. Yo ya no pongo la mano en el fuego por ningún político. Están anclados en el “y tú más”». Asun considera que nunca se ha tenido en cuenta a la comunidad educativa para la redacción de ninguna de las leyes educativas desde el inicio de la Democracia. «Se ha intentado, pero llegan las elecciones y ya no quieren contar con nadie. Simplemente, la Educación la hacen ellos. Nosotros sí que creemos que tiene que existir una reforma de la Educación, por supuesto, pero porque tenemos tal cantidad de contenidos, estándares, que es inhumano», reprocha.

Por ello, expresa, que la comunidad educativa necesita «una Ley consensuada donde participemos todos los estamentos, no la que ellos quieran, y menos en el momento en el que estamos [de pandemia]». Asun mantiene una postura clara: «Da igual que gane. Cada uno quiere poner su sello. Y no podemos estar cambiando la Ley cada vez que se cambia un Gobierno, porque yo llevo 5 leyes ya. El otro día salían en la televisión y faltaba pantalla: la LOE, la LOMCE, la LOMLOE… y cada vez más ‘eles’ y cada vez, más lío».

Y añade: «Además, todas ellas para modificar nimiedades. Lo que verdaderamente hay que modificar no lo modifican, como es el currículo escolar, que es lo que más afecta al alumnado. Lo importante es que innoven, que cambiemos las metodologías, porque estamos a años luz de conseguir una Educación moderna», afirma. Charo añade también que es «impepinable» promover la formación del profesorado. «Hay que romper una lanza a favor de la concertada, donde el profesorado se paga los cursos de reciclaje profesional porque no tenemos derecho a la gratuidad».

«Están enfrentando a los colegios entre sí»

Asun opina que esta Ley y el discurso político de todas las formaciones está «creando un enfrentamiento entre el profesorado de la pública, la concertada y la privada que no beneficia. Esto de la ratio de los alumnos [la eliminación de la “demanda social”] está creando un ambiente que no es bueno ni para los alumnos ni para la gente», exclama, en tono conciliador. En definitiva, la concertada, junto con la pública, deben «unirse para trabajar por lo que realmente nos interesa: la enseñanza de los niños», remarca Cases.

Los políticos «están echando balones fuera para no ir hacia donde tenemos que ir», achaca. «No sé si se dan cuenta de que todos los tipos de centro sumamos y tienen que contar con toda la comunidad educativa: padres, alumnos y profesores». Y prosigue: «Es un momento en el que hay que desdibujar fronteras, tender puentes, romper muros y ser más abiertos de mente en general».

¿Va a desaparecer la concertada, como proclaman algunos? Charo responde: «Los maestros y maestras de este tipo de escuela estamos contentas en lo que nos apasiona, que es la Educación y vamos a trabajar como hasta ahora: día y noche. Y no, los concertados no van a desaparecer porque quiten las cuotas. Los concertados cerrarán solo cuando las familias dejen de optar por nuestros centros».