La Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete ha confirmado a La Tinta de Almansa la ejecución de una operación por un presunto delito contra la salud pública en el número 2 de la calle Callejita de Almansa durante la madrugada del 29 de abril.
La OPC ratifica que la intervención responde a una investigación contra el tráfico de sustancias estupefacientes en la localidad. Aunque la Benemérita no ha facilitado cifras oficiales de arrestados, debido a que la investigación continúa bajo secreto de actuaciones, fuentes vecinales trasladan a este diario que el despliegue comenzó a las 6:00 horas de ayer y contó con más de 25 efectivos.
Según los testimonios de los residentes, esta operación policial es la culminación de un conflicto que se arrastra desde hace años, vinculado a la «presunta venta de drogas que, desde hace años, se vendría produciendo» en estos inmuebles.
Además, vinculan directamente este operativo a la venta sistemática de sustancias estupefacientes, una actividad que, según los residentes, ha degradado la convivencia y generado un clima de inseguridad permanente por el tránsito de personas vinculadas a entornos delictivos.
Los residentes describen un entorno hostil marcado por la «entrada y salida constante de personas ajenas a la comunidad», una situación que ha derivado en una «sensación permanente de inseguridad» entre los dueños de las viviendas.
Denuncias vecinales
Más allá del alcance policial de la operación, vecinos de la zona detallaron a La Tinta de Almansa una problemática económica y social que arrastran desde 2020 y 2021. Los afectados denuncian que al menos cinco viviendas del edificio se encuentran en situación de impago de alquiler, acumulando deudas de hasta seis años.
Esta situación ha obligado a los propietarios a soportar una carga «absolutamente injusta», ya que según los testimonios recabados, los dueños no solo han dejado de percibir las rentas, sino que en algunos casos se ven obligados a sufragar los «gastos vinculados a los suministros» básicos de los inquilinos.
Asimismo, esta situación ha derivado en un deterioro físico de las instalaciones y de las zonas comunes, cuyos costes de reparación recaen reiteradamente sobre la comunidad de propietarios.
La vecindad ha manifestado su agotamiento ante la falta de soluciones administrativas y judiciales. En sus declaraciones a este medio, solicitan una mayor coordinación entre las instituciones para agilizar los lanzamientos y garantizar el cumplimiento de las normas de propiedad privada. Los afectados y afectadas insisten en la necesidad de reforzar los mecanismos de control para evitar que estas situaciones de conflictividad se perpetúen en el tiempo.
Por el momento, la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias. Se espera que, una vez finalizada la instrucción del caso, se ofrezcan detalles sobre el alcance total de la operación y el destino judicial de las personas detenidas.
