La Asociación Española de la Pirotecnia (AEPIRO) ha denunciado la situación de «asfixia» económica y social que, según la patronal, atraviesa el sector como consecuencia de las restricciones al uso de pirotecnia que están aplicando administraciones autonómicas y locales en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, incluso fuera de las zonas de influencia forestal.
La asociación considera que se está produciendo una oleada «indiscriminada e injustificada» de suspensiones y prohibiciones y habla de una «persecución desproporcionada» que amenaza con «el desmantelamiento inminente de una industria artesanal, tradicional, legal y regulada que genera miles de empleos».
AEPIRO recuerda que el 80% de la facturación anual del sector se concentra en las fiestas patronales de julio y agosto en toda España. Además, una parte importante de esa actividad tiene lugar alrededor del 15 de agosto, jornada festiva en miles de municipios españoles.
AEPIRO asegura que los datos desmienten el riesgo de incendios
Uno de los principales argumentos de la patronal se centra en la relación entre pirotecnia e incendios forestales. AEPIRO denuncia que «está calando en la opinión pública la certeza, incentivada por la clase política, de que la pirotecnia es causa relevante de los incendios forestales».
La asociación se remite a la Estadística General de Incendios Forestales (EGIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Según los datos aportados por AEPIRO, los fuegos artificiales fueron responsables del 0,049% de toda la superficie forestal quemada en España entre 2015 y 2023.
La patronal señala que este porcentaje se encuentra muy por debajo de otras causas. La intencionalidad y los rayos concentran conjuntamente más de dos tercios de la superficie afectada, mientras que también existen causas cotidianas como las colillas, los vehículos, las líneas eléctricas o la quema de restos de poda.
AEPIRO ofrece también datos desglosados para las cinco comunidades señaladas. En Aragón, atribuye a la pirotecnia el 0,011% de las 34.840 hectáreas quemadas durante el periodo analizado; en Andalucía, el 0,02% de 104.525 hectáreas; en Extremadura, el 0,040% de 68.937 hectáreas; en Castilla-La Mancha, el 0,044% de 48.058 hectáreas; y en Castilla y León, el 0,016% de 180.588 hectáreas.
«Una de las industrias más reguladas de Europa»
La Asociación Española de la Pirotecnia lamenta que esta actividad sea tratada «como si fuera una actividad improvisada o temeraria» y sostiene que se encuentra entre las industrias más reguladas de Europa.
Según explica AEPIRO, los artículos empleados en espectáculos profesionales deben superar controles bajo la vigilancia de un Organismo Notificado independiente para obtener el Marcado CE, de acuerdo con la directiva europea y las normas EN 15947 y EN 16261.
Además, salvo en los casos de producción propia debidamente autorizada, ningún producto puede comercializarse o dispararse en España sin superar los trámites necesarios para su inclusión en el Catálogo Oficial de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería (CATEX) del Ministerio de Industria.
A estos requisitos se añaden los planes de seguridad exigidos para cada montaje, la presencia de equipos de extinción de incendios en las zonas de disparo y las diferentes medidas preventivas adoptadas durante los espectáculos. «Tratar como un peligro público una actividad con estos niveles de certificación, control y prevención es un insulto a los ingenieros y técnicos del sector», denuncia AEPIRO.
Cancelaciones sin ayudas ni indemnizaciones
La patronal alerta también de «la absoluta asfixia económica y la falta de responsabilidad patrimonial por parte de los gobiernos autonómicos».
«Las Administraciones promueven políticas de cancelación masiva basándose en un supuesto riesgo que las estadísticas oficiales desmienten, pero en ningún momento contemplan líneas de ayuda, planes de contingencia ni compensaciones financieras», sostiene la Asociación Española de la Pirotecnia.
AEPIRO reclama que, si las administraciones consideran que la actividad pirotécnica representa un peligro, expliquen «con qué criterio técnico se adopta cada restricción», asuman su coste político y establezcan las correspondientes ayudas y compensaciones para las empresas afectadas.
«Lo que no es de recibo es una asfixia por goteo, que aboca a la quiebra del sector sin asumir un solo euro de responsabilidad», afirma la patronal.
Críticas por ignorar el índice diario de riesgo de AEMET
AEPIRO pone como ejemplo la situación de Andalucía, donde asegura que el veto se aplica «de forma discrecional y genérica a toda la zona de influencia forestal durante meses», sin considerar el Índice de Riesgo de Incendios Forestales que publica diariamente la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en función de las condiciones meteorológicas de cada emplazamiento.
La asociación considera que una herramienta diseñada para adaptar las restricciones al riesgo existente en cada jornada termina convirtiéndose «en la práctica, en una prohibición de calendario, ciega a las condiciones reales de cada día».
AEPIRO denuncia una «invasión de competencias»
La Asociación Española de la Pirotecnia cuestiona asimismo la base jurídica empleada para algunas de estas prohibiciones. Según la patronal, la mayoría de los vetos están fundamentados «de forma fraudulenta» en la legislación de prevención de incendios forestales y en la Ley de Montes.
AEPIRO señala que el artículo 5 de esta ley excluye expresamente de su ámbito el suelo urbano consolidado y los terrenos agrícolas sin continuidad forestal, espacios en los que, según la asociación, se desarrolla la mayoría de los espectáculos pirotécnicos, como plazas, recintos feriales o cascos históricos.
Por este motivo, la patronal habla de «invasión de competencias» y sostiene que «se usa de forma fraudulenta la Ley de Montes para prohibir espectáculos en suelo urbano».
El sector celebra anualmente decenas de miles de espectáculos y, según AEPIRO, más del 80% de los municipios españoles cuenta con al menos uno. La asociación asegura que la inmensa mayoría son eventos locales, puntuales, de pequeño formato y alejados de terrenos forestales, por lo que «la afección real a los bosques es nula».
El sector reclama una Mesa de Diálogo urgente
Ante esta situación, AEPIRO exige la creación y puesta en marcha de una Mesa de Diálogo urgente con las Direcciones Generales de Emergencias de las comunidades autónomas, con el objetivo de que las restricciones durante el verano se sustenten en criterios de seguridad industrial y en una delimitación estricta de las competencias.
La patronal reclama así un cambio en la forma de abordar las restricciones que afectan al sector durante los meses en los que concentra la mayor parte de su actividad.
«Queremos detener una campaña de acoso que destruye un patrimonio cultural, tradicional e industrial estratégico de la España rural», concluye AEPIRO.
