El 6 de Febrero de 2003, Stella Obasanjo, Primera Dama de Nigeria, condenaba públicamente la práctica de la mutilación genital femenina. Desde entonces, el 6 de Febrero fue tomado por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Ese día, Stella, una mujer, y no las Naciones Unidas, fue quien puso este tema sobre la agenda política.

Muchos años, demasiados en mi opinión, han pasado sin que estas palabras hayan tenido el suficiente eco. Aunque la Asamblea de las Naciones emitió una Resolución en 2012 en la que llamaba a los estados a incorporar ciertas prácticas al respecto, muchas se han quedado en el cajón. Entre ellas, la de promover un sistema educativo en el que se incorpore una visión amplia de las causas de la violencia por razón de genero, incidiendo en la existencia de la mutilación genital femenina. Y es que, sí, la práctica de las distintas formas de mutilación genital femenina —que no solo existe una— es una de las violencias que sufren las mujeres. Está considerada una violación de los derechos humanos de las niñas. Por mucho que siga habiendo voces empeñadas en negar que la violencia contra las mujeres no existe. 

España es clara al respecto y esta práctica está condenada por el Código Penal, al igual que cualquier tipo de mutilación, como un delito de lesiones agravado. Sin embargo, teniendo en cuenta que cuando se realizan mutilaciones genitales se suelen dar en el ámbito familiar y cuanto antes en la vida de las niñas, muy pocas veces el asunto acaba en los Tribunales. 

De nuevo, el propio carácter público de la Justicia la hace inadecuada para resolver problemáticas que surgen en el ámbito privado. Dos soluciones veo aquí, aunque no es que me las haya inventado yo, porque son las mismas que el feminismo viene destacando para resolver cuestiones de género, siempre relegadas al ámbito privado. Una, es hacer de este problema «privado» una cuestión pública. Es de esta forma como el problema de una niña a la que nadie conoce, pasa a ser un problema de toda la población. Que una cuestión esté en la boca de la sociedad la hace real y, sobre todo, la hace un objetivo público —político—.

La otra solución es educar. Prevenir que esto ocurra, y dejar a la Justicia, que siempre actúa después, como último recurso y no como principal. Y esto es precisamente lo que las Naciones Unidas lleva pidiendo desde 2012. Pero educar no es pretender llegar únicamente a aquellas familias que, proviniendo de una cultura distinta, practican la mutilación. Creernos idóneos para educar con nuestra visión cultural es del todo inútil. Educar no es condenar otra cultura bajo el pretexto de ser inocentes de mutilar a «nuestras mujeres».

En España existen muchísimos tipos de violencias contra las mujeres y esta es una de las que afecta a nuestras niñas. Por educar hay que entender: educar a toda la comunidad. Poner el foco, en todas las violencias que sufren las mujeres que conviven en España. O mejor, en el mundo. Educar es ver, de una vez por todas, que la mutilación genital femenina existe porque en el mundo entero se ejercen violencias contra las mujeres por el hecho de serlo. Y que esas violencias se justifican con argumentos absurdos, incluso en las mal llamadas «culturas avanzadas».

Educar es replantearnos por qué perforar las orejas de las niñas cuando son bebés no se considera una mutilación, aunque no sea ni mínimamente comparable a las consecuencias de la mutilación genital. Educar es hacer autocrítica. Es hacer de las violencias contra las mujeres una cuestión pública. Es dejar de ridiculizar la lucha feminista. Educar, para erradicar, es hacer de la mutilación genital femenina un problema propio, porque no es el problema de otro lugar, es el problema de nuestras hijas.

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