18 de marzo de 2021. Este día pasará a la historia de España como el día en que una nueva libertad, la de poder poner fin a la vida cuando vivir ya no es una opción digna, entra a formar parte del elenco de libertades de que disfrutamos en nuestro país. Hoy se ha aprobado definitivamente la ayuda a morir como un derecho. La eutanasia es por fin legal en España.

Es imposible no acordase hoy de tantas personas que capitanearon este debate por legalizar en España lo que muchos consideramos que es de justicia, y que no es ni más ni menos que poder recibir ayuda para poner fin a una vida que, por culpa de una enfermedad o accidente, no reúne los mínimos exigibles para poder considerarla como digna. No podemos olvidar a Ramón Sampedro, Jorge León, Inmaculada Echevarría, María José Carrasco, y un demasiado doloroso y largo etcétera de personas que se fueron sin poder ver el reconocimiento de este derecho que a partir de hoy todas y todos podremos ejercer. Gracias a vuestra lucha, hoy es una realidad.

Sin embargo, en medio de este rayo de luz debo destacar una pequeña sombra: que hayamos tenido que esperar hasta 2021 para que esta demanda social haya cristalizado en nuestro ordenamiento jurídico. En España, el debate sobre la posibilidad de disponer de la propia vida se extiende por el mundo jurídico, político y social a mediados de los años 80 con la Ley del aborto del 85 y con la huelga de hambre protagonizada por varios miembros del GRAPO condenados por terrorismo. Pero no es hasta 1998 cuando se constituye en el Senado una Comisión Especial para el Estudio sobre la Eutanasia y el Derecho a la Muerte Digna, que, sin embargo, tras dos años de sesiones, no desembocó en la legalización de este derecho. Y tenemos que esperar hasta 2018 para que se acepte por primera vez a trámite una Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y que ha desembocado, tras las sucesivas citas electorales, en la actual Ley.

La regulación española es extremadamente garantista, con multitud de controles tanto a la hora de obtener el consentimiento de la persona, quien tiene que reiterarlo en varias ocasiones y ante varios profesionales de la salud, como a la hora de llevarse a cabo el auxilio a morir, y también a posteriori, controlando el procedimiento seguido de principio a fin. Para poder acceder a esta muerte digna, la persona debe padecer una enfermedad grave e incurable o enfermedad grave, crónica e invalidante, lo cual permite poder acogerse a este derecho a personas con enfermedades muy diversas, que deberá certificar el médico responsable.

Pese al ruido y oposición de quienes no creen en el progreso de los derechos sociales, de quienes menosprecian el sufrimiento vital de las personas amparados en creencias políticas o religiosas -aunque eso sí, luego hacen buen uso de ellos-, España es hoy un país más libre, más democrático, más pleno y más justo.