Izquierda Unida presentará una moción al pleno del Ayuntamiento de Almansa para instar al Gobierno de España a aprobar una nueva Ley estatal de Vivienda y regular el alquiler impidiendo «precios abusivos». Esta propuesta de la que informa la concejala Laura Fernández, en rueda de prensa, se llevará a cabo en todos aquellos municipios en los que este partido tenga representación, así como en la Diputación de Albacete.
El objetivo será presionar al Gobierno central a aprobar una ley que blinde la función social de la vivienda y que cuente con herramientas legales para controlar el coste de los arrendamientos. «La especulación en el precio de los alquileres es una realidad. A nivel nacional, han aumentado un 50% en los últimos 10 años a nivel nacional. En paralelo, como todos y todas sabemos, los salarios no han aumentado en esa proporción», denunció Fernández.
«Además, según Eurostat, en España 4 de cada 10 personas destinan más del 40% de los ingresos familiares al pago del alquiler, solamente superados en Europa por Grecia y Lituania», señaló. La concejala también hizo mención de la crisis sanitaria y económica de la Covid-19 que «ha agravado esta situación, pues hay personas que han perdido su trabajo o están en ERTE». Para saber más sobre la situación del alquiler en Almansa, haz clic en este enlace.
La moción del grupo municipal de Izquierda Unida consiste en «instar al Gobierno a aprobar una ley que permita su desarrollo en el marco de las Comunidades Autónomas y los municipios, que asegure el respeto a una vivienda digna recogido en la Constitución», señaló la concejala.
Además, añadió que esta ley debería «regular el precio de mercado del alquiler, contar con mecanismos de control de precio y contemplar bajadas de precios tanto para los contratos en vigor como para contratos futuros. Esto favorecerá un alquiler estable, seguro y asequible».
Por último, la moción contempla solicitar al Gobierno de Castilla-La Mancha que impulse acciones conjuntas con los municipios «para garantizar el derecho a una vivienda para colectivos vulnerables y personas en riesgo de desahucio».
