El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado al Comité de las Regiones de la Unión Europea (CdR) la simplificación de los trámites para que los productores de la región puedan acceder al sello IGP artesana. Así mismo, la petición aboga por que los costes de acceso a la certificación sean los mínimos posibles. El objetivo de la Junta es que los productos que cumplan con los requisitos del certificado europeo «no se queden fuera». Ejemplo de ello son el sector del calzado que está representado en la región en las localidades de Almansa (Albacete) y Fuensalida (Toledo).
El IGP (Indicación Geográfica Protegida), otorgado por la Unión Europea, es un nombre utilizado para designar un producto agrícola o de otro tipo que posee un origen geográfico determinado y cuya calidad o reputación se debe a dicho lugar de origen. El sello IGP garantiza que los productos tienen calidad, prestigio, muestran un compromiso con el territorio de origen (son productos ligados a un territorio con características singulares y comprometidos con su bienestar social, riqueza y empleo) y respetan al medioambiente.
La directora general de Asuntos Europeos de la Junta, Virginia Marco, destacó en rueda de prensa que esta futura normativa, que cuenta con el compromiso del Gobierno de España para ser aprobada como tarde el segundo semestre del 2023, coincidiendo con la Presidencia española de la Unión Europea, «tiene que ser una oportunidad para nuestras zonas rurales».
Además, la directora general expuso ante el resto de representantes del Comité de las Regiones las prioridades de Castilla-La Mancha en el contenido del reglamento. «Queremos que la definición de IGP artesana e industrial incluya todos los procesos de elaboración existentes que tienen origen territorial» para que los productos que cumplan con los requisitos no se queden fuera, indicó. El objetivo, insistió Marco, es que productos como los del sector del calzado que está representado en la región en las localidades de Almansa (Albacete) y Fuensalida (Toledo) no se queden fuera.
Fue el pasado 13 de abril cuando llegó la propuesta de la Comisión Europea de crear una Indicación Geográfica Protegida gracias a la que se dará a los productos artesanales de la región una protección en toda la Unión Europea como la que tienen ya algunos productos agroalimentarios. Se cumplía así una «reivindicación histórica del Ejecutivo de Emiliano García-Page desde el año 2015», según la nota de prensa, con el fin de defender de las falsificaciones a productos emblemáticos de la región como son la cuchillería de Albacete; la cerámica de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo; la espada y el damasquinado toledano; los encajes de Almagro; el mimbre de Cuenca o Priego; o el oficio de Lagartera.
Esta regulación supondrá, entre otros factores, una mayor seguridad jurídica tanto a los productores como al consumidor, reconocer el valor añadido del producto, así como su valor comercial y cultural y proteger a los productores de las falsificaciones y la competencia desleal.
«Desde Castilla-La Mancha se ha venido trabajando intensamente por conseguir que se regule la protección jurídica de las IGP industrial y artesanal, de manera que estos productos gocen de la misma protección y reconocimiento que los productos agrícolas, lo que, además de beneficiar a los artesanos y productores, supondría un beneficio para el turismo, el comercio y la promoción del territorio, revitalizando las zonas rurales de la región y potenciando su patrimonio cultural», apuntó la directora general.
