Sor Ángela, directora titular del Colegio Esclavas de María en Almansa, lo tiene claro: «Siempre se cambia la Ley de Educación cuando hay un cambio de ideología en el Gobierno». Y esto es, en su opinión, «un trastorno para todo el mundo». Esto no significa que estén en contra de realizar modificaciones para que el cuerpo normativo sea cada vez más «perfecto», sino de «borrarlo todo» cada vez que llega un nuevo partido al Gobierno. El ideal para la dirección del Colegio Esclavas de María es que se establezca un Pacto de Estado por la Educación «que ponga a los niños en el centro» y busque el bien del menor. Un Pacto que también defienden organismos del tamaño de UNICEF España.

Esto, indica Sor Ángela, es necesario para dotar al sistema educativo de unos «pilares sólidos», que permitan «construir una sociedad de futuro comprometida, solidaria y, por supuesto, preparada para afrontar los retos venideros». Un Pacto de Estado es imprescindible para «consolidar un modelo metodológico que dé respuesta al proyecto de ciudadanos que deseamos para nuestra sociedad, minimizando para el profesor el trabajo programático y poder así centrarse en lo realmente importante, que es la atención personalizada de cada alumno/a».

«La Ley se ha convertido en un tema político», continúa el director pedagógico del centro, Felipe Cantos. Él considera que la LOMLOE no contempla, por ejemplo, el plano económico. «No se ha hablado de los recortes: ¿cuál va a ser la partida presupuestaria destinada a la Educación? ¿Qué inversión se va a hacer? ¿Se va a recuperar todo lo que se le ha quitado? De eso no se ha hablado nada. No se ha hablado de un plan de formación para el profesorado, no estamos hablando de un modelo fiable, consensuado por toda la comunidad educativa y que nos ubique en la posición de un país como es España. Estamos cansados de oír que seguimos estando a la cola de todos los países desarrollados en todos los informes PISA. Necesitamos una Ley que dure en el tiempo, que sea estable, que nos de seguridad y que no sirva para tapar defectos», afirma.

La LOMLOE ha generado «preocupación» en lo que se refiere a la continuidad de los centros de educación concertada. Incluye textos que «tienen una ambigua interpretación», considera Cantos. «Está generando intranquilidad en la sociedad y la familias nos están trasladando sus dudas: “¿qué pasa con los colegios concertados?”», les preguntan. «Esta Ley contempla su continuidad o no [duda], pero no va a haber ningún problema. Los centros concertados van a seguir abiertos, vamos a seguir dando respuesta a la sociedad almanseña, a aquellas familias que han optado libremente por nosotros y por dejar en nuestras manos la enseñanza de sus hijos. Y tienen este derecho. Eso es lo democrático y plural», defiende.

El eje central de las reivindicaciones, tanto por parte del Colegio Esclavas de María como por la patronal de las escuelas concertadas, es que la Ley Celaá es «una Ley sin consenso, en la que no se ha tenido en cuenta para nada a los docentes ni a los sindicatos ni a nadie», reclama Sor Ángela. Además, la LOMLOE contempla otros puntos críticos, como la supresión del concepto de «demanda social» a la hora de programar las plazas educativas. Es decir, que se prioriza la planificación de plazas en colegios e institutos públicos, otorgando un carácter subsidiario a la enseñanza concertada.

Ante esto, Sor Ángela responde que «la concertada es un modelo que da respuesta a una demanda de la sociedad en nuestro país, también es pública y está al servicio de todos», por tanto, «no es subsidiaria de la pública, es complementaria. No es una opción para cuando ya no hay otra cosa», argumenta. «Lo que más me choca de esta Ley es lo de la libertad de los padres. Es decir: si hay libertad para elegir tiene que haber donde elegir, porque si a mí tú me presentas una sola cosa no hay para elegir», afirma la religiosa.

«Hay tres ejes en los que se sustenta el derecho de los padres a elegir centro educativo: la Constitución, diversas sentencias del Tribunal Constitucional y una intensa normativa internacional», argumenta. Para ella esta es «una Ley impuesta y que va en contra del artículo 27.3 de la Constitución», que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Limitación de repeticiones

En España, el 31% de los alumnos y alumnas de 15 años repitió curso el año pasado. Esto supone casi el doble que en el resto de países desarrollados. Pero la Ley Celaá «tampoco habla de cómo abordar el fracaso escolar», expone Felipe, «lo único es que se va a realizar una promoción automática». Y es que, la nueva norma plantea que repetir sea algo excepcional. Así, se podrá pasar de curso con dos asignaturas suspendidas y, como mucho, se podrá repetir en dos ocasiones a lo largo de la educación obligatoria. El título de bachillerato también podrá obtenerse «excepcionalmente» -dice la Ley- con un suspenso, si los profesores creen que han alcanzado los objetivos.

De este modo, sostiene el director pedagógico, «no se está premiando el esfuerzo o el trabajo». El resultado que plantea es que «vamos a obtener alumnos que están menos preparados y eso va a ir en detrimento de su formación». Sor Ángela expresa que el sentir del profesorado es que les están «manejando constantemente». En otras palabras: «Nos están diciendo desde fuera lo que tenemos que hacer. Me parecería muy bien si hubiéramos llegado a un acuerdo», pero no es el caso porque «precisamente, en la reforma de esta Ley a quienes menos se tiene en cuenta es a los docentes».

Educación Especial

El texto de la LOMLOE expone que la escolarización de los alumnos en centros de educación especial «solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en los centros ordinarios», un cambio que ha generado mucha polémica. Al mismo tiempo, el Gobierno y las comunidades diseñarán un plan para que, en 10 años, «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», según la Ley.

Mercedes Mariscal, la orientadora del Colegio Esclavas de María asegura que este centro «apuesta por una educación de cambio hacia la inclusión educativa de todo el alumnado, garantizando una respuesta adecuada y acorde a las necesidades que presenten, tanto el alumnado ordinario como el alumnado con distinta capacidad».

Indica que el plan del Gobierno, con un plazo de 10 años, es muy largo para la dotación de recursos, ya que al inicio del recorrido no habrá suficientes recursos para atender a alumnado de Educación Especial tanto en centros públicos como en centros concertados. Mariscal considera que «lo primero debe ser la dotación de recursos y después la incorporación del alumnado de Educación Especial a los centros ordinarios, partiendo siempre de sus potencialidades y barreras para el aprendizaje».

Actualmente, en el Colegio Esclavas de María, hay alumnos y alumnas con diversas necesidades motóricas, psíquicas, dificultades de aprendizaje, del lenguaje, TEA, TDAH e, incluso, personas con pluridiscapacidad en modalidad combinada con el centro de Asprona. «Nuestro alumnado dispone de un plan de trabajo (PT) que recoge las medidas de inclusión previstas tanto a nivel de aula, individualizadas y extraordinarias, las actuaciones a desarrollar con las familias, la evaluación de los progresos alcanzados, todo dentro de un clima de trabajo coordinado de confianza, cercano y familiar», asegura la orientadora.

Religión, «el caballo de batalla»

La asignatura de Religión será de oferta obligatoria, pero dejará de contar en la nota media del expediente (lo que tiene importancia para el acceso a la universidad y la obtención de becas) y también dejará de tener una materia alternativa que deban cursar quienes no la elijan, según la LOMLOE. Sor Ángela considera que «la Religión siempre ha sido un caballo de batalla que nos achacan a los colegios concertados. Este colegio tiene su ideario, basado en valores cristianos como el respeto y la solidaridad. Se supone que la mayoría de los padres están de acuerdo en que sus hijos e hijas reciban esa materia cuando los traen aquí, pero nosotros nunca hemos obligado a nadie a dar Religión», asegura, «si no quieren, no la dan y no pasa nada».

«El problema es que hasta ahora se daban dos opciones: si no escogías Religión había una asignatura espejo (de valores u otras opciones) y tenías que estar en clase de una manera u otra», explica Felipe. «Esta Ley está desarrollada para que si, ahora, no quieres ir a Religión no tengas clase. Por tanto, el alumno tiene que tener un convencimiento moral y una responsabilidad muy grande para no elegir no hacer nada. Creo que esto es hacer las cosas de una manera malintencionada para cercenar la Religión», estima el director.

Sor Ángela interviene para defender esta materia: «Pienso que la Religión, a parte de que es una vivencia y no una ideología, es una cultura. Los que somos de Letras sabemos que la Historia no se puede entender sin esta materia. Si tú empiezas a explicar los visigodos o del Imperio Romano, tienes que hablar de la Iglesia. No se puede tener una cultura si se decide que, por ejemplo, un profesor de Historia no puede hablar de las encíclicas del Papa León XIII defendiendo a los obreros que se movilizaron en el siglo XIX. Si yo a una persona la privo de la base cristiana, la privo también de su dimensión social y cultural».

Entonces, «¿por qué esta primacía por abolir la Religión?», se pregunta. En su opinión, este interés y los cambios educativos que producen «suelen darse justo antes de que empiecen los procesos de admisión, para que las familias se cuestionen si acudir o no a la concertada. Pero la concertada va a seguir existiendo siempre que los padres traigan aquí a sus hijos», defiende. Y espera que lo sigan haciendo por muchos años más, generación tras generación, porque «nuestra llama continúa encendida desde hace 108 años» en Almansa.