Albacete es uno de los principales «puntos negros del veneno» para la fauna en nuestro país. Así lo expresa el informe ‘El veneno en España 2020‘ de las oenegés SEO/BirdLife y WWF. En él recogen la evolución y los impactos en el medio natural del uso ilegal del veneno durante las últimas décadas.
La principal conclusión que se desliga del estudio es, sin embargo, positiva. La lucha contra el envenenamiento de animales salvajes va ganándole terreno a los cazadores y ganaderos que realizan esta práctica ilegal para deshacerse de los depredadores. En la última década, las incidencias han descendido un 68,5%. En 2008 se detectaron 634 episodios de envenenamiento —en cada uno de ellos puede morir más de un animal—, pero la cifra bajó a 200 en 2017.
Se han localizado, en total, 21.260 animales muertos en 25 años, de 1992 a 2017. Pero esta cifra es sólo la punta del iceberg, advierten, porque solo se detectan entre el 10% y el 15% de los casos reales. Si se considerara el resto, la cantidad subiría a más de 200.000 ejemplares víctimas de las sustancias tóxicas.
La caída en los envenenamientos es una buena noticia con algún «pero». Sucede que, «a pesar de la tendencia a la baja, las cifras continúan siendo insoportables debido al fuerte impacto que provoca en la biodiversidad; [el envenenamiento] es un sistema que no discrimina y produce un efecto masivo», advierte David de la Bodega, responsable legal de SEO/BirdLife.
Albacete, Yecla y Alcoy, entre las zonas más letales
Albacete es uno de los focos que presenta más episodios de envenenamiento en toda España. Aparece el quinto en la cúspide de municipios con más casos de veneno, tras Tudela, Bilbao, Zaragoza y Bunyola. Se detectaron 17 en sus entornos naturales. Yecla (con 11 incidencias) o Alcoy (con un total de 10) no se quedan atrás, y aparecen entre las 20 localidades con mayor presencia de veneno. Almansa no es una zona inocua, según muestra el mapa del calor bajo estas líneas. El territorio aparece bajo una nube azul que señala la presencia de cebos envenenados.
Los cebos con sustancias tóxicas se han utilizado de forma tradicional, sobre todo en fincas cinegéticas, para acabar con los depredadores (como los zorros) que se alimentan de las especies de caza (conejos y liebres). Los ganaderos también usan estas «trampas» mortales para deshacerse de ejemplares dañinos para su negocio (el oso pardo, el lince ibérico o los lobos). Esta práctica —prohibida en el Código Penal y considerada delito— puede matar a otros animales a los que no va dirigida. Las aves rapaces son los más afectados, con un 35% del total, seguidos de mamíferos domésticos (perros, en su mayoría), con un 21%.
«Existe un arraigo difícil de eliminar en determinadas zonas», añade De la Bodega. Hay lugares donde los episodios se repiten, que se convierten en «puntos negros». Toledo es una de las áreas de España con mayor actividad cinegética. No es de extrañar que lidere la lista por provincias, con 806 episodios de envenenamiento. Lo mismo ocurre con Ciudad Real, en el puesto número ocho con 494 casos, o Albacete, que aparece en el puesto número 14 con 368 incidencias.
Castilla-La Mancha también se encuentra en el ranking de las comunidades autónomas que más casos de envenenamiento acumulan por extensión territorial. Se sitúa en tercer lugar, por detrás de Andalucía y Castilla y León. Cataluña ocupa la cuarta posición.
El perro, la principal víctima del veneno en Albacete
De los 386 casos de envenenamiento hallados en la provincia de Albacete, 140 de estos animales eran perros. El mejor amigo del hombre es la especie que más sufre los daños colaterales del veneno colocado en el medio natural. Esto puede deberse, según el informe, a que se realizan más estudios forenses veterinarios a los animales domésticos que a las aves rapaces o los depredadores.
Los perros se convierten, así, en el indicador más fiable de la existencia de envenenamientos no registrados en otros animales. Se encontraron, también en la provincia de Albacete, siete ejemplares envenenados de milano real y cinco de águila imperial ibérica, ambas especies protegidas y en peligro de extinción.
Carlos Cano, investigador de WWF, advierte de que las comunidades autónomas donde se detectan más casos no son necesariamente las más «envenenadoras». Al contrario: es posible que hayan realizado un esfuerzo mayor de seguimiento, como ocurre en Andalucía, Aragón, Cataluña o, en cuarto lugar (según los criterios del informe), Castilla-La Mancha.
«Si no se busca el veneno, no existe», constata. El técnico considera imprescindible que, donde no la haya (en Castilla-La Mancha sí existe), se desarrolle una estrategia de forma conjunta entre Administraciones regionales, agentes medioambientales, Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), unidades caninas (UCE), ONGs y fiscalías especializadas.
