La organización ecologista SEO/BirdLife ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) contra las resoluciones de la Dirección General de Transición Energética de la Comunidad Autónoma por las que se autoriza la construcción de tres centrales eólicas que se ubicarán en los términos municipales de Bonete, Montealegre del Castillo, Corral Rubio y Chinchilla de Montearagón, en la provincia de Albacete. La organización alega que «generarán un impacto crítico sobre hábitats y especies protegidas como el águila imperial ibérica.

En concreto, los parques Derramador, Frontones y Fuente Álamo y sus infraestructuras de evacuación, se ubican, en parte, dentro del Área Importante para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad «IBA 182 Pétrola – Almansa – Veda», encontrándose algunos de los aerogeneradores a escasos 200 metros del límite de este espacio.

La organización ecologista alega que su construcción también afecta a varios espacios de la Red Natura 2000 como la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) «Área esteparia del Este de Albacete», y a la Zona de Especial Conservación (ZEC) «Lagunas Saladas de Pétrola y Salobrejo y Complejo Lagunar de Corral-Rubio», encontrándose algunos aerogeneradores a menos de 1 kilómetro en sus puntos más próximos y fragmentando así la conectividad de la misma, según informa SEO/BirdLife en nota de prensa.

Los molinos que se instalarán podrán suponer un impacto para las 171 especies de aves registradas en la zona, que tienen en este espacio su territorio de descanso, alimentación y reproducción, pero principalmente para las amenazadas y a las catalogadas en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica, la malvasía cabeciblanca, el aguilucho lagunero, el flamenco común o la grulla común. Igualmente afectará a aves esteparias como la avutarda y el sisón. Dichos impactos «podrán tener carácter irreversible», según SEO/BirdLife, por lo que solicitan al TSJCM la paralización de las obras para evitar «consolidar una situación de imposible o muy difícil reparación».

La ONG ambiental, que trabaja por unas renovables responsables con la biodiversidad desde 1993, ya alertó del impacto que tendrían estos proyectos durante el periodo de información pública que abrió el Gobierno castellanomanchego. Finalmente, el Ejecutivo dio luz verde al proyecto, lo que deja como única opción el recurso a los tribunales.

«Fragmentación fraudulenta»

A parte del impacto del proyecto, la aprobación se ha hecho con «evidentes carencias en el proceso de evaluación de impacto ambiental», afirma la ONG. Por un lado, los tres proyectos autorizados no cuentan con un estudio de impacto acumulado que considere su afección conjunta y en relación a otra serie de instalaciones de energía eólica y fotovoltaica ya aprobadas en la zona.

«Este hecho puede constituir un caso de fragmentación de un proyecto real mixto de producción de energía renovable único de 400 MW (250 MW solares y 150 MW eólicos) de casi 1.000 hectáreas de superficie con un mismo promotor, que por sus dimensiones debería ser evaluado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico», apunta.

Además, este tipo de desarrollos de gran envergadura de producción de energías renovables debería estar recogido dentro de un plan o programa sectorial estratégico por parte de la Comunidad Autónoma que garantizase la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de los recursos naturales, y que a su vez sea sometido a evaluación ambiental estratégica.

Por otro lado, los tres parques carecen del preceptivo estudio de repercusiones en la Red Natura 2000, a pesar de que la instalación de este macroparque eólico afecta por su naturaleza y proximidad a la ZEPA Área esteparia del Este de Albacete. Los tres proyectos impactan directamente a la conectividad de la Red Natura 2000 al ubicarse entre dos teselas de esa ZEPA, creando un efecto barrera e incrementando el aislamiento entre las poblaciones de aves que se localizan en ambas teselas, suponiendo un riesgo de extinción y afectando directamente a los objetivos de conservación del espacio de Red Natura 2000.

Según David de la Bodega, responsable del Programa Legal de SEO/BirdLife, «las energías renovables son esenciales para afrontar la emergencia climática en la que nos hayamos inmersos, pero es preciso que este masivo despliegue renovable sea compatible con la protección de la naturaleza. La solución del primer problema no puede contribuir a la generación de uno igual de grave, la pérdida de biodiversidad. Lamentamos haber tenido que acudir a la Justicia para asegurar el bien común y apelamos a la responsabilidad de promotores y administraciones para evitar, desde el principio, que los proyectos renovables generen impactos severos sobre la naturaleza. No solo es posible, sino también necesario».

Renovables Responsables

SEO/BirdLife considera que las energías renovables son absolutamente imprescindibles para poder afrontar los dos grandes desafíos de las próximas décadas: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, también es absolutamente imprescindible que su necesario despliegue -en todos los tamaños- sea responsable, esto es, respetuoso con los espacios y especies de alto valor natural, y participado por la ciudadanía.

Actualmente hay ya muchos más proyectos en tramitación que los necesarios para cumplir los objetivos marcados por el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) para 2030, por lo que «es totalmente viable y obligado ser exigentes en la calidad y compatibilidad ambiental de los que se aprueben». Del mismo modo, añade la ONG, es necesario avanzar –como parece ser voluntad del conjunto de administraciones- en la extensión masiva del autoconsumo en las ciudades, así como de otros modelos participativos como las comunidades locales.

SEO/BirdLife defiende desde 1993 unas renovables responsables, esto es, concebidas para provocar el máximo beneficio a las comunidades locales y el mínimo impacto ambiental. Junto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se han elaborado dos documentos para contribuir a un desarrollo de renovables responsables: un decálogo para unas renovables responsables y unas recomendaciones sobre zonas que deberían ser prioritarias para el desarrollo renovable y zonas que deberían quedar excluidas.

Los recursos planteados ante el TSJCM se realiza en el marco del proyecto LIFE, Guardianes de la Naturaleza, contra el Crimen Ambiental, financiado por el programa LIFE de la Unión Europea. Este proyecto pretende mejorar la efectividad y la eficacia de las acciones dirigidas a combatir los delitos contra la naturaleza.

Está coordinado por SEO/BirdLife y cuenta con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), y el Servicio de protección de la naturaleza de la Dirección general de la Guardia Civil (Seprona), como socios beneficiarios. Los cofinanciadores son la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO).