La jueza Cira García Domínguez acudió a la Casa Festera de Almansa, el pasado 1 de diciembre, para explicar el espíritu de la popularmente conocida como Ley del Solo Sí es Sí o Ley de Garantía Sexual. Anna Sterkowiec, presidenta de Almansa Feminista, la asociación local que organizó el encuentro, fue la encargada de presentar el evento. «Ahora mismo, con toda la controversia nos pareció lo mejor ir a la fuente, a la persona que trabaja. El debate en los medios de comunicación se ha centrado exclusivamente en si la bajada de penas beneficia a los reos, pero ha despreciado el cambio de paradigma que supone la norma. En Almansa Feminista sentíamos que era de vital importancia hacer todo lo posible por entender esta polémica y contar con la persona más adecuada para hacerlo», introdujo.

Cabe destacar que Cira García es la única magistrada del único (valga la redundancia) juzgado especializado en Violencia sobre la Mujer de toda Castilla-La Mancha, desde el año 2013. Además, ocupa el cargo de delegada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en violencia de género en Castilla-La Mancha, forma parte de la coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España y coordina la Comisión de Igualdad de la Asociación Jueces y Juezas por la Democracia. Por otro lado, ha intervenido en actividades desarrolladas en la Universidad de C-LM, en distintos Colegios de Abogacía de España y formaciones impartidas por el CGPJ a Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local de Albacete.

Al inicio de la charla, Cira García apuntó que la Ley del Solo Sí es Sí «es una ley que ha suscitado muchísima controversia, curiosamente por lo que menos debería». En sus palabras, se trata de una ley integral que supone «un avance en los derechos de las mujeres y en el abordaje de las violencias sexuales». Y añadió: «Es triste que se desmerezca un triunfo, que para mí es fundamental, del movimiento feminista. Se trata de una norma muy positiva para las víctimas y para las mujeres». Con ley integral, la jueza hizo referencia a que la idea principal de la Ley Solo Sí es Sí es la atención, prevención, protección integral y recuperación de las víctimas, tal y como contempla el Convenio de Estambul que entró en vigor en 2014.

La magistrada abordó los «puntos fuertes» que contiene la norma y de los que «desgraciadamente, no se habla». Así pues, la ley suprime el abuso sexual. Contempla por primera vez que la violencia machista no es solo la que se produce en el ámbito de la pareja o ex pareja. Por contra, aborda un amplio espectro de violencias sexuales, desde el acoso callejero al feminicidio sexual, pasando por el exhibicionismo (que hasta ahora no estaba penado como delito de violencia sexual si la víctima era una mujer mayor de edad), la mutilación genital femenina o el acoso sexual por medios tecnológicos.

Se introducen nuevos agravantes, como la sumisión química, que antes era abuso sexual. El acoso laboral por razones sexuales también está gravado. Además, incluye de manera pionera el derecho a una reparación integral por daños y perjuicios a las víctimas. También obliga a la creación de servicios públicos para ofrecer asistencia las 24 horas a las víctimas. Así mismo, se incluyen conceptos como la violencia económica o la violencia vicaria, entre otras medidas.

La polémica se ha centrado en los casos en los que la nueva ley se ha aplicado para revisar condenas a la baja. A este respecto, Cira García explicó que no se trata de una ley punitiva. No se pretendía, advirtió, endurecer unas penas que ya son elevadas en comparación con países de nuestro entorno. «La protección penal es importante, pero es un elemento más. La finalidad de esta ley no era punitiva ni el movimiento feminista quería endurecer unas penas que ya son de por sí, altas. Nos encontramos ante delitos que tienen penas análogas a las de un homicidio; es decir, no son penas bajas para nada», señaló.

Se entiende mejor si se compara. El homicidio básico son 10 años y, con la Ley del Solo Sí es Sí, la violación pasa de una pena de 6 a 12 años a una de 4 a 12, para incluir la mínima en casos de abuso más leves. «La protección de las mujeres no va a mejorar por poner penas más altas, eso no evita que nos agredan. De hecho, tenemos la prisión permanente revisable, en Estados Unidos tienen pena de muerte y eso no impide que los delitos sexuales aumenten», apuntó, «por eso era clave en esta ley educar en el consentimiento y dotarnos de una regulación más acorde con la realidad social actual».

Según expresa la lay, «solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona». La jueza celebró que, a grandes rasgos la ley ya no se pregunta «cómo se resistió la víctima, sino cómo consintió». El objetivo es que «no se siga poniendo el foco en ellas en los casos de violencia sexual, ni en si se resistieron lo suficiente», lo que definió como «un calvario probatorio».

En este sentido, la juez subrayó que «el mayor problema al que se enfrentan las mujeres que acceden al sistema judicial son los sesgos y estereotipos de género». Afirmó que cuando una persona con un empleo cualquiera los tiene es «grave», pero que los tenga un juez o una jueza «es muy serio» y «puede interferir con los Derechos Humanos». Apuntó que, cuando se utilizan estos sesgos que se centran en cuestionar a la víctima (¿llevaba minifalda? ¿Besó antes a su agresor? ¿Salió de fiesta en los días posteriores al hecho?) no solo se produce una revictimización, sino que se están vulnerando los derechos de las mujeres a un sistema judicial libre de estereotipos.

La magistrada recordó casos en los que los jueces y las juezas incurrieron en sesgos de género a la hora de aplicar la legislación. Por ejemplo, el caso de Ángela Carreño (que denunció a su marido en 51 ocasiones antes de que éste asesinara a la hija de ambos), en el que la ONU condenó a España por la falta de imparcialidad, o la jueza de Vitoria que preguntó «¿cerró usted bien las piernas para evitar una violación?».

Ante todo, expresó que «no se puede decir que todos los jueces son machistas, que los hay. No se puede decir que todos los jueces tienen falta de perspectiva de género, a pesar de que es cierto que no se nos obliga a formarnos en perspectiva de género, es algo opcional. Y para más inri, algunos de estos jueces y juezas están en Juzgados de Violencia hacia la Mujer. Pero no se puede decir que todos lo son. No sería justo». Cuando se habla de «juzgar con perspectiva de género», recalcó que no se trata de un concepto de invención actual, sino que ya viene abordado normativa internacional desde hace años. Apuntó también que enjuiciar con perspectiva de género no es una facultad, sino «una obligación legal que tienen los jueces y juezas».

Con todo, Cira García quiso transmitir un mensaje de calma. «Desde la asociación de Mujeres Juezas realizamos unas enmiendas a la ley, la trabajamos en profundidad e hicimos un informe valorando positivamente la norma», informó. La ley del Sólo Sí es Sí podrá no ser perfecta, pero «es una buena ley que supone un avance para los derechos de las mujeres, las protege más y mejor», recalcó.

«Quizá por eso está siendo tan atacada. Ha pasado siempre, con la Ley de Igualdad en 2007 o la de Violencia de Género en 2004. Cada vez que se aprueba una ley que supone un avance para las mujeres, se mira con lupa y surge un movimiento en contra. En esos casos, se presentaron muchas enmiendas y el Tribunal Constitucional no admitió ninguna a trámite; no vio ninguna inconstitucionalidad», recuerda García Domínguez. Por eso, pidió tiempo y confianza.

También celebró que el número de denuncias por violencia de género se haya multiplicado «no porque haya más, sino porque las mujeres tienen más conciencia y están perdiendo el miedo a denunciar». Profesionales de la abogacía, trabajadoras/es sociales, periodistas, mujeres de la asociación feminista de Caudete ‘Miradas Violetas’ y otras asistentes del ámbito de la política participaron del debate suscitado al final de la exposición de la jueza.