La COVID-19 es la enfermedad causada por el coronavirus llamado SARS-CoV-2. Esta enfermedad ha arrasado medio mundo, llevando al límite a los sistemas sanitarios de casi cada uno de los países donde el virus ha posado sus pies (o, mejor dicho, sus glicoproteínas de superficie).

Esto debe hacernos plantear una cuestión: ¿hemos aprendido algo? Y la respuesta es: sí.

Hemos aprendido que debemos invertir en lo público. Un buen sistema público de sanidad es fundamental para evitar el colapso del mismo, ya que cuanta más capacidad tenga este de atender a pacientes, menor será la probabilidad de colapso y, por tanto, de muerte de pacientes por desatención; la cual es una de las principales causas del elevado número de muertos en nuestro país y en tantos otros.

La probabilidad de muerte por COVID-19 es menor cuanto mejores cuidados de soporte y asistencia se tengan. Por tanto, parece obvio que cuanta mayor inversión en sanidad tengamos, menor número de muertes se producirán (con esta y cualquier enfermedad; es una máxima universal que cuanto mejor sistema de sanidad, menor número de muertes en cualquier ámbito de la medicina y la salud humana).

Pero ahí no se queda la cosa. La lección general es: hay que invertir en lo público. Pero no solo en sanidad, sino también en ciencia, en I+D+i. Sin un buen equipo científico, jamás se hubiera descubierto la existencia del virus y, en el mejor de los casos, se hubiera descubierto cuando ya hubiese causado muchísimas más muertes. Sin un buen equipo científico, jamás se habría descubierto su origen. Y, sin lugar a dudas, sin un buen equipo científico, no hubiera sido posible la obtención de la secuencia genética del mismo, de manera que no se podrían haber realizado test de detección por PCR y no se podría haber llevado a cabo un correcto cribado de casos, de manera que el impacto de la pandemia hubiera sido muchísimo más grave.

No obstante, este arrebato por la inversión en ciencia no debe quedarse en un simplista e infantilista eslogan que se enarbola cuando ocurren catástrofes. La necesidad de inversión en ciencia e I+D+i públicas y de calidad es un imperativo que debe ser constante.

Y os preguntaréis: ¿por qué esta insistencia en lo público? Y os responderé: porque lo privado no quiere invertir en ciencia e I+D+i. Y os cuestionaréis: ¿pero es que lo privado es malvado y perverso? Y contestaré: sí, pero el debate filosófico sobre la esencia malvada y perversa de la propiedad privada de los medios de producción no es el análisis que ahora nos atañe. Ahora nos atañe el análisis de por qué lo público debe invertir en ciencia e I+D+i y por qué lo privado no quiere hacerlo.

Lo privado no quiere invertir en ciencia e I+D+i porque apenas da beneficios económicos a corto plazo (y a largo plazo casi tampoco). Es decir, la ciencia y la inversión en I+D+i es un negocio con una muy baja probabilidad de buena rentabilidad. Casi solo se puede sacar dinero mediante patentar procedimientos y fármacos.

Y, por lo general, a los científicos no suele gustarles patentar cosas. El espíritu científico se basa en el acceso al conocimiento y a todo lo que se genera de manera libre y altruista. Es precisamente eso lo que históricamente ha caracterizado a la ciencia.

Invertir en ciencia no gusta al capital privado porque, como hemos señalado antes, no suele generar grandes beneficios. Pero es que, además, a la sociedad tampoco debería interesarle que la ciencia estuviera en manos de lo privado, ya que para poder acceder al conocimiento y los beneficios derivados de la ciencia (como medicamentos), habría que pagar ingentes cantidades de dinero. De hecho es como funcionan las industrias farmacéuticas: deben poner precios desorbitados a sus medicamentos para que les salgan rentables los años y años invertidos en investigación para su desarrollo.

Se ejemplifica claramente con el remdesivir: la farmacéutica que vende el medicamento que reduce alrededor del 60% de las probabilidades de morir por COVID-19 ha fijado el precio en 390 $.

¿No creéis, acaso, estimados lectores, que algo tan esencial como un medicamento para evitar la muerte de millones de personas debería ser un derecho y no un privilegio? Porque… ¿quién puede permitirse pagar 390$ por un medicamento? Y, asumiendo que son los Estados quienes se hacen con el medicamento, ¿qué Estados pueden permitirse desembolsar millones de dólares para abastecer a su población con suficientes dosis del medicamento? Solo unos pocos en el mundo.

Pero… ¿Qué hubiera sucedido si en vez de ser una farmacéutica privada la que desarrollase el remdesivir, hubieran sido empresas/sistemas públicos científicos? Pues que, al ser público, la patente de ese medicamento sería propiedad del Estado, es decir, de todos los ciudadanos por igual (ya que, aunque a veces se olvide, es necesario recordar que el Estado somos todos). Por tanto, no habría problema de desembolso de millones y millones de dólares que pagar a una farmacéutica privada para poder hacerse con suficientes dosis del medicamento anticoronavirus.

No obstante, para que algo así pudiera ser plausible, necesitaríamos que los Estados invirtiesen en sistemas públicos de ciencia e I+D+i. Y ello requiere años y décadas de inversión de manera ininterrumpida en lo público.

Porque la inversión en ciencia e I+D+i no da resultados en el corto plazo. Pero es necesario que tengamos infraestructuras públicas que aseguren que cuando algo así pase (una pandemia por ejemplo), el país posea los recursos mínimos para poder hacer frente a toda la debacle que se avecine.

Porque si dependemos de lo privado, no toda la población tendrá acceso a la cura. Si dependemos de lo privado, solo la porción de la población que pueda pagar un alto precio económico podrá acceder a los beneficios de la ciencia. Porque si dependemos de lo privado, jamás seremos libres.

Necesitamos un sistema público decente de ciencia e I+D+i que invierta de manera continua e ininterrumpida durante toda la eternidad, para que cuando catástrofes similares lleguen, tengamos la suficiente infraestructura y los suficientes recursos como para asegurar que toda la población pueda acceder por igual al medicamento.

La ciencia no puede depender del capricho de los millonarios y del capital privado. La ciencia debe depender del Estado y, por tanto, de toda la población del mismo.