Poco a poco, de forma poco transparente e inconexa, vamos conociendo algunos mimbres sobre los que se deben armar las cuentas de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. La primera impresión que se traduce es que van a ser unas cuentas de difícil consenso y con desviaciones, una vez aprobados y en su ejecución, brutales, porque van a estar construidos sobre unas necesidades de gasto astronómicas, unas presunciones de ingresos muy volátiles, a partir de unas previsiones recaudatorias irreales, y de un comportamiento macroecónomico imprevisible.

Dicho esto, es necesario, cuando menos, un punto de partida en la planificación económica a medio plazo para la salida de una situación excepcional, sobrevenida y que nos sitúa en escenarios económicos y sociales sin antecedentes próximos en los que apoyar la experiencia presupuestaria. No podemos permitirnos seguir adelante con unos presupuestos prorrogados y pensados para una situación económica totalmente diferente.

El informe remitido a Bruselas presenta cifras desfasadas

De entrada el escenario macroeconómico remitido a Bruselas el 15 de octubre presenta ya algunas cifras desfasadas por la tozudez de los hechos. Un crecimiento de la economía española del 7,2%, en términos reales para el año 2021, se antoja, después del recrudecimiento de la pandemia en todo los países de nuestro entorno, altamente voluntarista. Se apoya en un crecimiento del consumo privado en un 8,3%, de la inversión en un 7,2% y de las exportaciones en 11,7%, cifras un tanto irreales dado el devenir de la coyuntura internacional.

A nivel presupuestario va seguir siendo necesario aplicar una política fuertemente expansiva, para hacer frente a los estragos que la pandemia está provocando a nivel social y empresarial. El techo de gasto presupuestario se va a disparar hasta los 196.091 m€, con un incremento del 53%, desde los 127.609m€ de 2020.

Aquí la duda se plantea sobre en qué momento del 2021 estarán disponibles los fondos procedentes de la Unión Europea, ya que el procedimiento comunitario es largo y proceloso, y puede caerse en cualquier momento por decisión de alguno de los Estados miembros.

Conviene recordar también que el gobierno ha tenido las manos libres en la fijación del techo, ya que al suspenderse la aplicación de las reglas fiscales a nivel comunitario, solo tiene que informar al Congreso de los Diputados sobre el nuevo techo de gasto, pero este no tiene que pronunciarse sobre el mismo.

638 millones para municipios de Castilla-La Mancha

El Plan Presupuestario 2021 contempla que la ratio de gasto sobre PIB pase del 53% en 2020 al 48% en 2021, aunque en términos absolutos supone 2.419 millones más. La distribución del déficit sería: 5,2% para la Administración Central, 1,1% para las Autonómicas, 0,1% para las Locales y 1,3% para la Seguridad Social, una vez imputadas las transferencias del Estado al resto de las AA.PP. En este punto, resulta relevante señalar que los Ayuntamientos van a poder hacer uso de 15.000m€ de los remanentes de tesorería acumulados, ya que la regla de gasto se suspende para el año 2021; de ellos, 638 corresponden a municipios de Castilla-La Mancha.

Recordemos que la regla de gasto impide a los ayuntamientos y diputación incrementar el gasto corriente y la inversión, a pesar de que cierren sus cuentas con superávit. Hasta ahora, los remanentes de tesorería deberían emplearse en amortizar deuda y/o financiar inversiones sostenibles, e impedía a los gobiernos locales adoptar presupuestos expansivos.

Subida de impuestos a bebidas azucaradas y envases de un uso

Desde la perspectiva de los ingresos públicos, lo que a día de hoy se conoce, es una subida de impuestos por valor de 6.547 m€ en 2021 y de 2.323 m€ en 2022. Entre las medidas fiscales, parcialmente desarrolladas, recogidas en el Plan, cabe destacar:

• Un aumento del IVA a las bebidas azucaradas y edulcoradas del 10 al 21%
• Un impuesto sobre envases de plástico de un sólo uso, más algún otro tributo medioambiental.
• La entrada en vigor de los impuestos sobre determinados servicios digitales y operaciones financieras (Tasa Google y Tobín). En el primer caso, se trata de un impuesto que grava las operaciones realizadas en España por empresas tecnológicas, con ingresos anuales mundiales que superen los 750m€, y cuyos ingresos sean superiores a 3 m€ en España. En el segundo, se trata de un impuesto que grava la compra de acciones de empresas españolas con más de 1000m€ de capitalización. Entre ambos impuestos se espera recaudar unos 1.800 m€.
• Una revisión a la baja de reducciones por aportaciones a planes de pensiones privados de carácter individual.
• Una revisión de las exenciones limitadas en el IVA que pueden afectar a la prestación de servicios educativos por entidades privadas.

Se prevé un aumento de 33.437m€ en términos absolutos, como consecuencia de tres acciones:

• Las subidas de impuestos comentadas y alguna otra en cartera, que afectaría a los impuestos personales sobre la renta y sociedades.
• La mejora de la actividad en 2021, lo que permitiría incrementar las bases imponibles de los impuestos sobre renta, beneficios y consumo.
• Medidas de lucha contra el fraude, con un seguimiento especial de prácticas fraudulentas vinculadas a las nuevas tecnologías (p.e., control de operaciones en criptomonedas), una limitación de los pagos en efectivo en el ámbito profesional a 1.000€, y un control especial de la operativa de las multinacionales. La estimación de recaudación por estas medidas sería de 828m€.

Conclusión: niveles de endeudamiento público históricos

Con todo ello se estima que la presión fiscal en 2021 se situaría en el 40,3% y el 41,7% en 2022. En cualquier caso, las desviaciones sobre este escenario presupuestario incierto y cambiante, nos van a conducir a unos niveles de endeudamiento públicos históricos, cercanos al 120% del PIB, y alejados del 117,4% previstos en el Plan Presupuestario remitido a la Comisión.

La digestión de este impacto no podrá ni deberá hacerse en un período corto de tiempo, con una subida de impuestos general y abrupta, sino que exigiría una senda paulatina y sosegada de reducción a largo plazo de déficit y deuda pública, ya que vamos a convivir en un período de 15 a 20 años con niveles de deuda superiores al 100% del PIB.

Para ello conviene, desde ya, preparar un programa fiscal a medio y largo plazo en el que se combinen revisiones, en profundidad, sobre la eficacia e idoneidad de los diferentes programas de gasto público, con una reforma fiscal sin penalizar gravemente la actividad económica, y que permita mantener unos parámetros de justicia fiscal razonables.