Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la captación, traslado y explotación de ciudadanos extranjeros en situación irregular. La red operaba en fincas agrícolas de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Valencia y Zaragoza, donde empleaba a estas personas en condiciones extremas de vulneración de derechos.
Esta macrooperación, bautizada como «Franciskan-Everest», comenzó en julio de 2024 y ha concluido con la detención de 11 integrantes de la red y la investigación de otros dos, todos ellos implicados en delitos relacionados con inmigración irregular, tráfico ilegal de mano de obra y documentación fraudulenta. Las fuerzas de seguridad han logrado auxiliar a 322 personas, 294 de ellas sin permiso de residencia.
Condiciones inhumanas de vida y trabajo
El grupo criminal se aprovechaba de inmigrantes que entraban al espacio Schengen con visados de turista. Una vez en España, eran trasladados a distintos puntos del país para emplearlos ilegalmente en tareas agrícolas.
Uno de los principales enclaves de actividad estaba situado en Villalgordo del Júcar (Albacete), donde las víctimas eran alojadas en inmuebles totalmente inadecuados: colchones en el suelo, espacios sin ventilación, baños insuficientes y una higiene prácticamente inexistente.
Desde allí se desplazaba cada día a los trabajadores en furgonetas que, en algunos casos, no cumplían las condiciones mínimas de seguridad y se ha tenido que lamentar el fatal resultado de uno de ellos, en el que perdió la vida una persona de origen nepalí.
Las víctimas realizaban jornadas laborales que podían superar las 12 horas, pagaban comisiones desorbitadas por los traslados y por el alojamiento, e incluso por la comida. En numerosos casos, los trabajadores no llegaron a percibir salario alguno, recibiendo únicamente alimentos básicos como contraprestación.
Material intervenido y ramificaciones de la red
En la fase final se realizaron nueve registros, ocho en Villalgordo del Júcar y uno en La Roda, donde se incautaron dinero en efectivo, cheques y talonarios, móviles y ordenadores, documentación falsificada y partes de trabajo, así como contabilidad en B que acreditaba la actividad ilegal.
Los agentes también intervinieron doce vehículos, dos de ellos de alta gama, y bloquearon diversas cuentas bancarias utilizadas para mover el dinero generado por la explotación laboral.
Asistencia urgente a las víctimas
La operación dejó a muchas de las personas explotadas en una situación muy delicada, sin recursos económicos ni redes de apoyo. Para atenderlas, se desplegó un dispositivo en el que colaboraron la Embajada de Nepal, mediadores culturales, asociaciones de ciudadanos nepalíes, Cruz Roja Española, y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con apoyo de la Subdelegación del Gobierno.
Cruz Roja facilitó ropa, alimentos y alojamiento alternativo a las víctimas, además de ofrecerles acompañamiento social. Parte de las personas rescatadas ya están iniciando los trámites para regularizar su situación en España y muchas han sido reubicadas en lugares donde cuentan con mayor arraigo.
Seis miembros de la red entran en prisión provisional
Los arrestados han pasado a disposición del Juzgado de La Roda, que ha decretado prisión provisional sin fianza para seis de ellos. Las fuerzas de seguridad no descartan nuevas detenciones a medida que avanza la investigación y se toman más declaraciones a las víctimas.
