Tras más de tres años de tensión social, alegaciones y trámites administrativos, el Gobierno de España ha puesto punto final al macroproyecto solar de Almansa, que contemplaba una línea de muy alta tensión de 36 kilómetros hasta la subestación de Montesa, en la Comunidad Valenciana. La resolución publicada por el Ministerio para la Transición Ecológica cierra oficialmente el capítulo final de uno de los mayores debates medioambientales que existe en el sureste peninsular desde 2022.
La decisión llega después de la renuncia formal de Figsel Trade, S.L., filial de la multinacional francesa Akuo. La promotora comunicó en marzo de 2025 que abandonaba el proyecto por dificultades económicas. Un mes más tarde se declaró en concurso de acreedores y, en junio, un juzgado de Madrid ordenó su liquidación. Con este escenario, el Gobierno ha archivado de forma definitiva la autorización administrativa previa del macroproyecto solar de Almansa.
Almansa en el centro de una inversión millonaria
La macroplanta Almansa 1 se diseñó con una inversión prevista de 61 millones de euros, 185.220 paneles solares y una potencia de 75,6 megavatios. Sin embargo, lo más controvertido fue el trazado eléctrico de evacuación: casi 40 kilómetros de línea de alta tensión. Para entender su escala, la distancia equivale a atravesar Madrid de norte a sur, desde Alcobendas hasta Getafe.
Además, el proyecto incluía más de un centenar de torres eléctricas planificadas en su versión inicial. El corredor energético afectaba a zonas agrícolas, paisajísticas y a espacios de gran valor ecológico. En los términos municipales de Vallada, Moixent, la Font de la Figuera y Montesa suponía un cambio visual profundo. Cruzaba áreas protegidas como la ZEPA Sierra de Martés–Muela de Cortes y corredores ecológicos clave.
En Almansa, el impacto se concentraba en el origen de la infraestructura, una superficie cercana a las 1.000 hectáreas. Por ello, los colectivos ecologistas locales se sumaron pronto a la plataforma valenciana Montesa Territori Viu.
Un proyecto cuestionado desde el inicio
El rechazo fue inmediato. Desde 2022 se presentaron cientos de alegaciones. La propuesta original recibió 816 escritos en contra. Estos documentos obligaron al Ministerio a exigir cambios importantes, como el soterramiento de más de 50 torres en las áreas de mayor sensibilidad ambiental.
A estos problemas se sumaron otros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestionó la solvencia técnica y económica de Figsel Trade. Emitió incluso varios informes desfavorables. Con el tiempo, las dudas se confirmaron con la quiebra definitiva de la empresa promotora del macroproyecto solar de Almansa.
La batalla judicial sigue viva
Aunque el expediente ha sido archivado, la plataforma STOP Macrorenovables en La Costera no considera que el conflicto haya terminado. Este movimiento, formado por Territori Viu, Acció Ecologista-Agró, la Asociación Valenciana de Ornitología y otros colectivos, teme que el proyecto pueda ser vendido o retomado por otra empresa en el futuro.
Por ese motivo mantienen los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Buscan anular tanto la Declaración de Impacto Ambiental como la Autorización Administrativa Previa. Además, reclaman que el Ministerio ejecute el aval económico depositado por la promotora como garantía frente a su abandono, una cuestión que aún está pendiente de resolución.
A pesar del carpetazo del Gobierno, las asociaciones consideran que la defensa del territorio sigue siendo prioritaria. Insisten en la necesidad de una transición energética justa para los municipios de la España rural. También recuerdan que el patrimonio natural debe ser un elemento central en la planificación de cualquier proyecto futuro, por encima de intereses económicos empresariales.
