Cientos de personas se concentraron en las escaleras del Castillo de Almansa para exigir medidas contundentes contra la especulación de la vivienda y garantizar el acceso universal a un hogar digno. La movilización contó con una destacada participación de jóvenes y estudiantes de la localidad y encontró su detonante en el caso de Mari Carmen Abascal, la anciana de 87 años desahuciada el pasado 23 de septiembre de su vivienda en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid tras 70 años residiendo en ella, y cuyo posterior fallecimiento el 7 de octubre en el hospital Gregorio Marañón terminó de encender la indignación social en todo el país. Desde el colectivo ciudadano organizador mostraron su satisfacción con la respuesta ciudadana y valoraron el carácter intergeneracional, evidencia de que la precariedad en el acceso a la vivienda preocupa a las nuevas generaciones.
El manifiesto que se leyó reclama desde sus primeras líneas que la vivienda no es un privilegio ni una mercancía con la que unos pocos puedan enriquecerse, sino una necesidad básica que el Estado debe garantizar «por ser el pilar desde el que se construye la vida, la familia y el futuro». En el documento se recordó que la tragedia de Mari Carmen no es un hecho aislado, sino la cara visible de un sistema que rompe proyectos de vida detrás de cada desahucio, poniendo también rostro al dolor de otras víctimas como Olga Matute, madre de dos hijas que se quitó la vida tras ser desahuciada con una de ellas, o Javier, un zapatero de L’Hospitalet que se suicidó en el local del que iba a ser desalojado. Para los convocantes, la memoria de estas personas debe convertirse en la fuerza necesaria para revertir esta crisis de calado nacional.
Fondos buitre y el drama de los alquileres en cifras
El manifiesto analiza en detalle las cifras de una crisis que afecta en España a cerca de 13 millones de personas que viven de alquiler, a las que se describe en manos de «una minoría especuladora y oligárquica que tensiona el mercado y deshumaniza el derecho a la vivienda». Entre los colectivos afectados están los jóvenes que no logran independizarse, a las familias que destinan casi la totalidad de sus salarios al pago de la renta, a los trabajadores expuestos a la incertidumbre del fin de sus contratos o a subidas abusivas, a los mayores que temen la expulsión de sus casas y a aquellos padres que han perdido su propio hogar tras avalar las hipotecas de sus hijas e hijos
Frente a esta realidad, el documento denuncia que el 57% de los pisos en España están en manos de grandes tenedores, divididos entre un 15% gestionado por fondos buitre y un 42% perteneciente a propietarios con más de tres inmuebles. Son estos fondos de inversión los que han convertido la vivienda en un mecanismo de extracción de rentas que exprime los bolsillos y la salud de las familias, a las que despectivamente denominan como «casas con bicho».
Alquileres temporales y turísticos: la amenaza sobre los barrios
A este escenario se suma la proliferación de contratos temporales o de alquiler turístico que extinguen los arrendamientos habituales y expulsan a la población de sus propios barrios. Frente a ello, la proclama incide en la necesidad urgente de crear un parque público de alquiler suficiente, estable y distribuido por barrios y municipios, denunciando que las reglas del mercado no pueden seguir premiando la especulación ni favoreciendo estructuras societarias diseñadas para eludir obligaciones fiscales. En ese sentido, exigen revisar la fiscalidad de las SOCIMI y de los fondos de inversión para que contribuyan de forma justa.
El manifiesto recuerda además que en 2012 el Gobierno de M. Rajoy solicitó 100.000 millones de euros a Europa para rescatar a la banca, un dinero que no ha sido devuelto y que la ciudadanía continúa pagando a base de impuestos. Como consecuencia, diez bancos españoles acumulan hoy cerca de 10.000 millones de euros en activos inmobiliarios, el Banco Santander con 4.000 millones o CaixaBank con unos 15.000 pisos.
La privatización del suelo público y el bloqueo legislativo en las comunidades
El documento denuncia también la privatización sistemática del patrimonio habitacional público, citando como ejemplo la venta en 2013 de 2.935 viviendas del IVIMA a Encasa Cibeles (participada por Goldman Sachs y Azora) bajo el Gobierno autonómico de Ignacio González, o la enajenación de 1.860 pisos municipales en Madrid a Fidere (vinculada a Blackstone) durante la alcaldía de Ana Botella, además de operaciones de la Fundación La Caixa en suelos cedidos donde los inquilinos sufrieron no renovaciones e incrementos a precios de mercado. Por ello, se enfatiza que la vivienda protegida construida con esfuerzo, suelo o recursos públicos debe mantener su calificación de forma permanente y no pasar jamás al mercado libre, ya que cada descalificación supone la desaparición definitiva de una vivienda asequible.
En el plano político y legislativo, el manifiesto señala que, tras la aprobación en 2023 de la Ley por el Derecho a la Vivienda, el pasado 2 de octubre el Congreso rechazo dos Decretos del Gobierno que proponían escudos frente a desahucios, moratorias para vulnerables, prórrogas de contratos y medidas contra el fraude, a causa de los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN. Asimismo, el texto subraya que los Estatutos de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Comunidad de Madrid o Andalucía atribuyen competencias exclusivas en materia de vivienda a sus gobiernos regionales, atribuyendo la responsabilidad de la situación a dirigentes como Juan Francisco Pérez Llorca en Valencia, Isabel Díaz Ayuso en Madrid o Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, que favorecen a «un capitalismo voraz antes que a la ciudadanía».
Las medidas urgentes para garantizar un hogar digno
Frente a esta inacción y al reparto de culpas entre instituciones, la concentración en las escaleras del Castillo sirvió para alzar un decálogo claro de exigencias dirigido a todas las administraciones públicas. Se reclama la parálisis de los desahucios a personas vulnerables sin una alternativa habitacional digna y efectiva; la protección de los inquilinos que cumplen sus obligaciones para evitar expulsiones al finalizar sus contratos; la adopción de medidas eficaces para contener los alquileres y frenar subidas abusivas; y la ampliación sostenida del parque público de alquiler asequible.
Del mismo modo, el escrito exige que la vivienda protegida no pierda nunca su estatus público, que el suelo y los recursos comunitarios no terminen enriqueciendo a unos pocos, que se persiga el fraude de los contratos de temporada y por habitaciones que respeten a las fianzas, que se regule el uso de los pisos turísticos para blindar la vida de barrio, que los grandes tenedores paguen impuestos de manera transparente y proporcional a sus beneficios, y que se amplíen las soluciones escuchando a los colectivos afectados antes de legislar.
El acto culminó con una cena de sobaquillo en la misma escalinata del Castillo donde jóvenes, familias y vecinos intercambiaron impresiones y propuestas sobre el futuro del acceso a la vivienda en la ciudad, y con una petición directa al Ayuntamiento de Almansa para que escuche a sus vecinos, priorice la vivienda en la agenda municipal y haga uso de todas las herramientas locales a su alcance, al igual que exige respuestas a la Junta y al Estado. El manifiesto concluye que resulta imposible construir un proyecto de comunidad si la población termina expulsada de sus propios barrios, una idea que condensa el reclamo central de la jornada: «Ningún pueblo sin casa, ninguna casa sin gente»
