Pensionistas de la Plataforma por la Defensa del Sistema Público de Pensiones de Almansa se pregunta dónde está la auditoría que prometió el Gobierno de España hace tres años. Nuestro país encara el segundo trimestre de 2025 con un clamoroso atasco referente a la Seguridad Social: sigue sin activar la auditoría que debe dejar claro de una vez por todas si se trata de un organismo deficitario, como mantiene el mantra oficial, o si en realidad es sostenible, pero ha habido gastos impropios, como identificó el Tribunal de Cuentas en 2020.
En este escenario, la plataforma de Almansa informa de que la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) ha presentado su nueva campaña estatal para exigir la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, tal y como establece la Ley de 28/12/2021. La norma, fruto de las movilizaciones del movimiento pensionista, fue aprobada en diciembre de 2021 y establece un plazo máximo de un mes para encargar una auditoría sobre los ingresos por cotizaciones sociales y los gastos del sistema de la Seguridad Social, tanto contributivos como no contributivos, entre 1967 y 2019. Además, fija un plazo de seis meses para su realización. Ninguno de estos pasos se ha cumplido.
«Mientras tanto, medios vinculados al poder financiero y diversos partidos insisten en la supuesta «insostenibilidad» del sistema público de pensiones, al tiempo que grandes fondos bancarios y aseguradoras presionan para privatizar su gestión. En España lo están haciendo a través de los llamados «planes privados de empresa». El Gobierno ha seguido legislando en esa línea, con apoyo de las cúpulas sindicales mayoritarias, promoviendo retrasos en la edad de jubilación y fondos privados de pensiones. Pero nuestro sistema público es sostenible, seguro y está garantizado por el Estado», afirma la Coordinadora. Según los datos de la entidad que reúne a las pensionistas, la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social demostrará que no son necesarios recortes, ni aumentos en la edad de jubilación, ni procesos de privatización.
Además, COESPE reclama la devolución de los 103.960 millones de euros identificados por el Tribunal de Cuentas como gastos impropios. La coordinadora exige que esta cantidad sea devuelta al sistema, lo que permitiría atender reivindicaciones históricas como la equiparación de las pensiones mínimas al salario mínimo interprofesional, el aumento de la pensión de viudedad al 100% y el cierre de la brecha de género.
Para impulsar el cumplimiento de la ley y defender el sistema público de pensiones, la Coordinadora ha puesto en marcha una campaña estatal que contempla varias líneas de acción. La primera consiste en una recogida de firmas, tanto de forma presencial como en a través de este enlace a Change.org. La segunda es la presentación de mociones en Ayuntamientos (está pendiente saber si se hará la propio en Almansa), Diputaciones, Parlamentos autonómicos y el Congreso de los Diputados, instando a todos los representantes públicos a cumplir con la legislación aprobada. Y la tercera, la recolección de apoyos a la auditoría por parte de sindicatos, organizaciones sociales y diversos colectivos de la sociedad civil.
Finalmente, la Coordinadora también ha querido dirigirse a las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras. «A los jóvenes les decimos: luchad por el aumento de los salarios. Solo con trabajos dignos tendremos pensiones dignas».
