Muchos han sido los errores que se han cometido por parte de las autoridades políticas tanto en los ámbitos Internacional, Nacional como Autonómico. El primero y principal, un error estructural Global, que consistió en abandonar por parte de la propia Unión Europea sectores estratégicos y dejarlos en manos de terceros. En el momento actual, los peligros de un conflicto bélico no se centran tan sólo en el poder nuclear (tremendamente destructivo), sino también y sobre todo en la utilización de material biológico, en concreto de los virus.

No se entiende como la producción de Material Sanitario básico como EPIS (Equipos de Protección Individual), mascarillas, calzas, guantes de látex, respiradores, y un largo etcétera, tuviéramos que importarlos en su mayoría de China y otros países de Extremo Oriente.

En segundo lugar, al comienzo de la pandemia, fue dramático que ni la OMS (Organización mundial de la Salud), ni el Gobierno de España, ni los de las CCAA, siendo una enfermedad claramente respiratoria, no alertaran para que la población se protegiera. No hay NINGUNA explicación razonable. Solo poquísimos profesionales alertamos de la importancia del uso de la mascarilla.

El hecho de que no hubiera mascarillas (porque no se fabricaban en Europa), no puede ser excusa para que la Comisión Europea y los Gobiernos Central y Autonómicos no hicieran tutoriales de cómo fabricar mascarillas caseras. Yo mismo publiqué alguno en las redes sociales, fabricado con un simple pañuelo y un par de gomitas. La pandemia se extendió fundamentalmente a través de las gotitas de Flügge, lo que más tarde se han llamado aerosoles. Si se hubieran utilizado medios de protección de nariz y boca, se hubieran evitado decenas de miles de fallecimientos.

En tercer lugar, algunos Gobiernos Autonómicos, tuvieron un comportamiento infame durante la pandemia, dejando a miles de ancianos que vivían en sus residencias, sin asistencia médica. Incluso en algunos casos, como fue el de la Comunidad de Madrid, solo se permitió trasladar a los hospitales a aquellos pacientes que tenían suscritos Seguros Médicos privados (y de esto hay abundante documentación). Al resto no se les permitió. Murieron abandonados, sin personas queridas cerca e incluso sin asistencia a nivel psicológico.

Tras la asunción de las competencias por las CCAA, en el actual Estado de Alarma, la España de las Autonomías se ha comportado como la España de los Taifatos. Cada Presidente de Taifato ha cerrado el suyo globalmente, cuando podía haber aislado solamente el núcleo poblacional de alta incidencia. Un ejemplo fácil de entender: un ciudadano de Almansa puede ir a Guadalajara que está a 355 kilómetros. Y no puede ir a Ayora, que está a 21 kilómetros. Sencillamente, porque ambos municipios pertenecen a taifatos diferentes, independientemente de que la incidencia en Almansa y Ayora sean bajas o incluso estén libres de COVID-19.

Otro problema lo encontramos en la falta de infraestructuras de investigación de la Unión Europea en sectores básicos. Me refiero a instalaciones públicas. La UE ha invertido muchos millones de euros de dinero público en Farmacéuticas, obviamente privadas, como es el caso de los laboratorios anglo-suecos de AstraZeneca. No obstante, esta empresa ha incumplido el contrato que había suscrito con la UE derivando la producción de sus vacunas en suelo Europeo a Gran Bretaña y a otros países mejores postores como el Estado de Israel (hay que recordar los 29.000.000 de dosis localizadas en Italia).

La UE debería haber abierto un expediente sancionador contra este incumplimiento de contrato de esta farmacéutica. ¿Lo hará? ¡Probablemente, no! Estas grandes corporaciones tienen un poder inmenso, y su poder les viene precisamente por el hecho de tener en sus nóminas a altos dignatarios, europeos o nacionales. El paradigma local más claro lo tenemos en la existencia de las puertas giratorias en nuestro querido país. ¿Qué ha hecho la UE? ¿Cómo ha reaccionado? (Tenemos que tener en cuenta que el Brexit también está de por medio). Pues en vez de sancionar a la Farmacéutica, lo que ha hecho es sembrar inseguridad e incertidumbre con respecto a la vacuna de AstraZeneca. En principio, podría interpretarse esto como una pataleta de la Unión Europea, pero esa interpretación es muy poco creíble.

Muchos Políticos, Gestores VIP, Altas Autoridades Militares, incluso Obispos, se han «saltado la cola». Esto ha generado un fuerte rechazo social. Incluso la visita de las Infantas a su padre el ex-Rey en Dubái, con vacuna incluida, incrementó esta alarma social. No creo que nadie en España dude que los Gobiernos incluido el de la Unión Europea, han recibido muchas presiones para que sean vacunados sectores como el Ejército, las fuerzas de Seguridad, miembros de la Jerarquía Eclesiástica, el colectivo de los Bomberos, los enseñantes, los políticos, etc. Todos tienen miedo y quieren ser vacunados.

Pero, ¿cómo pueden vacunar a todos estos colectivos cuando los ciudadanos mayores de 65 años son los que aportan el 97% de los fallecidos? Pues muy sencillo, justificando que AstraZeneca no es segura para mayores de 65 años (a posteriori este criterio ha cambiado en España y en otros países de la UE). Voy a dar solo unos datos: en estos momentos, muchas decenas de millones de personas han sido ya vacunadas con esta vacuna y solo se han detectado menos de 50 casos de un tipo de coagulación muy especial (trombosis trombo-citopénica). La misma que produce el uso de anticonceptivos orales, la misma que produce la inyección de Heparina (¿quién no ha sufrido una intervención quirúrgica?). Pues bien, durante el ingreso hospitalario y en el post-operatorio a todos se les inyectan este fármaco y, ¡ojo! en el 1% se produce este tipo de efecto secundario.

¿Qué incidencia tendría la inyección de la vacuna? ¿En esta alteración de la coagulación con efecto de muerte? Algo menos del 1/1.000.000. Una probabilidad decenas de miles de veces inferior a si se contrae la enfermedad. Somos conscientes de que las personas mayores de 65 años ya no pertenecen al sistema productivo. Somos conscientes de que la desaparición de otros 100.000 jubilados más en España aliviaría muchísimo el problema de la sostenibilidad de las Pensiones, pero esto no es lo que deseamos, ¿verdad…?