Tras un cruce de acusaciones y argumentarios, el Pleno del Ayuntamiento de Almansa rechazó esta mañana la moción de Izquierda Unida para instar al Gobierno de España a aprobar una nueva Ley estatal de Vivienda y regular el alquiler impidiendo «precios abusivos». La concejala del grupo municipal IU, Laura Fernández, fue la encargada de presentar este texto que tenía como fin el de solicitar al Gobierno central la aprobación de mecanismos legales para el control de los precios del alquiler.

Alfredo Calatayud, portavoz del grupo Ciudadanos en el Consistorio respaldó su votó en contra tras «las experiencias realizadas por el Ayuntamiento de Barcelona, donde regular el precio del alquiler ha destruido la oferta y ha hecho que aumente el precio en Cataluña». Estas declaraciones produjeron el enojo silencioso de Cristian Ibáñez, líder de Izquierda Unida. Ante su reacción, Calatayud respondió que «aunque el señor Ibáñez se ría, y aunque algunos pretendan limitar lo que podemos expresar o no, estoy en el ejercicio del derecho de la palabra». Tras lo cual, pronunció su voto en contra.

Llegado el turno de respuesta del grupo municipal socialista, Valero González afirmó que «el derecho a una vivienda digna es una prioridad para este partido» y recordó a Izquierda Unida que este asunto «ya está en la agenda del Gobierno de España, del que ustedes forman parte». El concejal del PSOE aseguró que «nuestro gobierno ya está trabajando en la primera ley de vivienda y, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior crisis con el PP, durante la pandemia se prohibieron los desahucios y se protegió a los ciudadanos». También añadió que el Gobierno de Sánchez dedicará más de 2.250 millones de euros a proteger la vivienda y el alquiler asequible «una cifra que multiplica lo que destinó el PP» y con la que se cederán miles de viviendas a los ayuntamientos españoles.

Para finalizar, González apuntó que «desde que el PSOE llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha se han evitado más de 250 lanzamientos y, en unos años, Page ya ha invertido más en vivienda que Cospedal. Ejemplo de ello fue la cesión para la construcción de vivienda social en las Casas de los Peones de Almansa». Posteriormente, el concejal socialista señaló que «la solución a este problema no pasa simplemente por limitar el precio de los alquileres, pues en algunos municipios y ciudades no es lo más ideal. Este es un tema cuya solución no es a base de varita mágica, sino que requiere de una reforma mucho más profunda». De este modo, el PSOE votó a favor ante «una medida que a nosotros no nos parece la única posible, pero que, por el fondo que persigue, le damos nuestro voto positivo».

PP: «Esta medida empeoraría la situación»

En su turno, la concejala de PP, Tania Andicoberry, afirmó que su partido se halla «absolutamente convencido de que es necesario que se cumpla la agenda política y la Ley de vivienda estaba prevista para febrero, pero, por no entenderse con su socio de Gobierno, el PSOE ha recibido el consiguiente tirón de orejas de Europa». Así mismo, la popular incidió en la necesidad de que esta ley «también proteja jurídicamente a propietarios y arrendatarios contra la “okupación” y ante impagos por motivos que no sean sociales».

Andicoberry hizo acopio de diferentes estudios realizados por organismos como el FMI y la OCDE, que, en sus palabras «critican el control de precios del alquiler e inciden en que las políticas deben ir encaminadas en invertir en vivienda social». Y añadió la edil que «se ha demostrado que los mecanismos de control del alquiler no funcionan».

Andicoberry sostuvo su afirmación en que, hace escasos días, el Constitucional alemán tumbó el límite del alquiler impuesto en Berlín, y lo hizo con carácter retroactivo, por lo cual los inquilinos van a tener que devolver el dinero que se les rebajó a los propietarios. «Imagínese el grave perjuicio económico y la inseguridad jurídica que esto ocasiona», destacó. Por último, aludió a que la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (Asval) ha solicitado al Gobierno que se respeten los prinicpios de la propiedad privada y se les garantice un contexto normativo estable. Finalmente, la concejala popular aconsejó al grupo municipal de Izquierda Unida que «escuche para saber y para no proponer medidas que empeoren la situación».

«Ustedes protegen la propiedad privada antes que a las personas»

En su turno de réplica, Laura Fernández se refirió directamente a Andicoberry. «Quiero pensar que todos esos informes de los que habla también los tuvieron en cuenta cuando vendieron la mitad de las viviendas a fondos buitres», señaló. «Pero es que no solo estoy hablando de eso —prosiguió—. Estoy hablando de que Juan puede ganar dinero de sus cuatro sus pisos sin moverse del sitio y María, su inquilina, trabajar día a día por pagar el alquiler. ¿Y quién paga más IRPF? Pues María, porque Juan ya goza de mútiples beneficios fiscales, porque a las personas que más tienen se le dan más beneficios», objetó.

Sobre la variedad de ejemplos que la oposición puso sobre la mesa, Fernández rebarió que «si bien es cierto que tenemos que mirar a países y ciudades de alrededor, hay que tener en cuenta cada casuística. Nosotros queremos evitar que los arrendadores tengan que pagar 800 euros por un mísero piso de 20 metros cuadrados sólo porque está en Madrid», apuntó. Y finalizó: «Ustedes no están aquí para proteger a las personas, sino para proteger a la propiedad privada. Así se ha visto cuando ustedes gobernaban».