El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dictado una sentencia histórica en la que anula el Reglamento General de Caza de la comunidad autónoma. La sentencia 234/2024, resultado del recurso interpuesto por Ecologistas en Acción, considera que el Gobierno regional incumplió requisitos legales esenciales en la tramitación de la norma, lo que la convierte en nula de pleno derecho.
Un reglamento aprobado sin cumplir con la legalidad
El principal motivo de la anulación es la ausencia del informe preceptivo del Consejo Regional de Caza, un requisito establecido en la Ley de Caza de Castilla-La Mancha. Ecologistas en Acción ha denunciado que esta omisión refleja «la falta de respeto del Gobierno regional por los procedimientos legales y la escasa consideración hacia los órganos de participación».
Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla-La Mancha, señala que la intención del Gobierno con este reglamento era «beneficiar al lobby cinegético sin un debate público transparente». Según Hernández, el Ejecutivo regional negoció de manera oculta modificaciones que han agravado el impacto de la caza en el medio ambiente.
Modificaciones perjudiciales para el ecosistema
Entre los cambios introducidos en el Reglamento de Caza que motivaron la demanda destacan: La falta de protección para especies en mal estado poblacional como la perdiz roja, la tórtola común, la codorniz o la becada, que debieron ser excluidas de la lista de especies cinegéticas. La facilitación de la caza encubierta en el Parque Nacional de Cabañeros mediante controles de población a manos de cazadores. La generalización de sueltas de perdices de granja en todos los cotos, lo que puede alterar los ecosistemas. La legalización de cerramientos secundarios y capturaderos para ciervos.
Críticas a la política ambiental del Gobierno regional
Ecologistas en Acción denuncia así que la aprobación de normas sin el debido procedimiento legal «se ha convertido en una práctica habitual del Ejecutivo castellano-manchego». Señalan que no solo ha ocurrido con el Reglamento de Caza, sino también con la modificación de la Ley de Caza, que ahora permite disparar en caminos y vías públicas. Además, se han aprobado medidas que favorecen transformaciones agrícolas en Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y se ha promovido la instalación de macrogranjas y plantas de biogás sin suficiente control ambiental.
Desde la organización ecologista reclaman una mayor participación ciudadana en la elaboración de normativas medioambientales. Exigen a la Consejería de Desarrollo Sostenible que abra los procesos de debate a todas las partes implicadas «y no solo a los sectores con intereses económicos». Además, insisten en que escuchar las críticas y alegaciones permitiría mejorar la calidad de las leyes y evitar litigios como el que ha llevado a la anulación del Reglamento de Caza.
