La reciente aprobación de la Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha ha provocado una respuesta crítica de la Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha, que considera que la nueva normativa resulta insuficiente para afrontar los problemas de acceso a una vivienda digna en la comunidad autónoma.
En un comunicado difundido tras la aprobación parlamentaria de la norma, el colectivo califica la reforma como «un parche» que no garantiza plenamente el derecho a la vivienda, especialmente para las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad económica y social.
La proposición de ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista y tramitada por el procedimiento de urgencia, introduce modificaciones en la normativa sobre vivienda protegida y urbanismo. Sin embargo, la Plataforma sostiene que estas medidas no pueden sustituir a una legislación autonómica integral que aborde conjuntamente el precio de los alquileres, la ampliación del parque público y la protección frente a los desahucios.
La Plataforma denuncia una protección insuficiente frente a los desahucios
Aunque la organización valora positivamente que la nueva ley contemple medidas para aumentar el parque de vivienda social, como la posibilidad de destinar edificios y parcelas públicas en desuso a viviendas protegidas, considera que sus garantías son limitadas.
Según su interpretación de la norma, la protección permanente de determinadas viviendas y la duración mínima de 50 años del régimen de alquiler se aplicarían únicamente a las financiadas por el Plan Estatal de Vivienda, dejando fuera de estas garantías a una parte del parque público autonómico.
Una de sus principales críticas se centra en la regulación de los desalojos administrativos de viviendas públicas.
La Plataforma advierte de que, a su juicio, la normativa permite resolver contratos de arrendamiento o cesión de uso sin establecer suficientes garantías para valorar las circunstancias personales, familiares y económicas de los afectados.
En este sentido, sostiene que el impago de una cuota podría justificar un procedimiento de desalojo sin que se examine adecuadamente la posible situación de vulnerabilidad de la familia, incluso cuando haya menores.
El colectivo considera insuficiente la moratoria prevista para situaciones excepcionales de marcado carácter social, al entender que su formulación resulta demasiado imprecisa.
Por ello, reclama que cualquier procedimiento de desalojo incorpore un análisis individualizado, mecanismos de mediación, coordinación entre administraciones y garantías de una alternativa habitacional efectiva.
Más vivienda pública y medidas contra los alquileres elevados
Otra de las principales reivindicaciones de la Plataforma es que las políticas autonómicas no se concentren exclusivamente en promover nuevas construcciones y facilitar la disponibilidad de suelo.
La organización considera necesario movilizar las viviendas vacías, adquirir inmuebles existentes y rehabilitar edificios para incrementar de forma más rápida la oferta residencial.
Entre las herramientas que propone se encuentran los mecanismos de tanteo y retracto, que permiten a las administraciones ejercer derechos de adquisición preferente en determinadas operaciones inmobiliarias.
El colectivo también cuestiona la Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030 de la Junta, al considerar que no responde adecuadamente a sus tres principales reivindicaciones: regular los alquileres, ampliar el parque público y garantizar alternativas habitacionales ante los desahucios.
En materia de alquiler, critica que el Gobierno autonómico no haya impulsado la declaración de zonas de mercado residencial tensionado ni medidas de limitación de precios.
La Plataforma sostiene que la Junta debería promover activamente estas herramientas en los municipios donde existen mayores dificultades para acceder a una vivienda, en lugar de centrar su estrategia únicamente en aumentar la oferta.
El alquiler asequible de 600 euros, en el punto de mira
La organización también cuestiona qué se considera una vivienda asequible en Castilla-La Mancha. Según los datos que recoge en su comunicado, el parque de vivienda social representa aproximadamente el 1,66 % del total de viviendas de la región, una proporción que considera muy inferior a las necesidades existentes.
La Plataforma reconoce que la planificación autonómica contempla actuaciones para aumentar esta oferta, entre ellas nuevas viviendas protegidas en alquiler, adquisición de inmuebles, movilización de viviendas vacías y líneas de financiación.
En concreto, menciona una convocatoria de 68 millones de euros para alquiler asequible y otros 280 millones vinculados al nuevo Plan Estatal de Vivienda.
No obstante, considera que estas inversiones deben acompañarse de compromisos sostenidos y resultados efectivos.
También denuncia que las viviendas calificadas como alquiler asequible parten, según afirma, de rentas de unos 600 euros mensuales, una cantidad que considera inasumible para numerosos hogares de la región.
Para ilustrar esta situación, el comunicado cita datos que atribuye a informes de FOESSA y EAPN, según los cuales el 34 % de la población de Castilla-La Mancha, unas 732.443 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que un 14,4 % acumula retrasos en el pago de su vivienda principal.
Estas cifras son las recogidas por la Plataforma en su comunicado y no han sido contrastadas de forma independiente para esta información.
La situación de las mujeres, otra de las preocupaciones
El comunicado también dedica especial atención a las desigualdades que, según la Plataforma, sufren las mujeres en el acceso a la vivienda.
La organización señala que la brecha salarial, la precariedad laboral, las pensiones más reducidas y la mayor carga de cuidados pueden incrementar las dificultades económicas para afrontar el alquiler o adquirir una vivienda.
En particular, reclama medidas específicas para familias monomarentales y mujeres víctimas de violencia de género, para quienes disponer de una vivienda segura puede resultar determinante a la hora de alcanzar una mayor autonomía personal y económica.
Por ello, exige que las políticas autonómicas de vivienda incorporen una perspectiva de género que tenga en cuenta estas circunstancias.
Las propuestas de PP y Vox también reciben críticas
La Plataforma por el Derecho a la Vivienda dedica otra parte de su comunicado a cuestionar las enmiendas presentadas por el Partido Popular y Vox durante la tramitación parlamentaria. Según expone la organización, el PP presentó 58 enmiendas y Vox otras 50, que no prosperaron.
En el caso del Partido Popular, el colectivo señala que la formación propuso reducir con carácter general el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales del 9 % al 6 %, así como rebajarlo del 5 % al 3 % para empresas que adquirieran viviendas destinadas a su posterior reventa.
El comunicado añade que los populares plantearon la aplicación retroactiva de determinadas rebajas fiscales desde enero de 2026 y la ampliación de los supuestos de desalojo administrativo en viviendas públicas.
La Plataforma interpreta estas propuestas como beneficios para grandes compradores e inversores inmobiliarios y considera que no responden a las necesidades de las familias con mayores dificultades económicas.
Respecto a Vox, la organización critica las enmiendas que, según recoge el comunicado, pretendían establecer prioridad para la población española en el acceso a vivienda protegida, alquiler público y ayudas autonómicas.
También cuestiona los requisitos de arraigo que atribuye a estas propuestas, de hasta diez años para comprar una vivienda y cinco para alquilar. El colectivo rechaza estas medidas por considerar que introducen criterios discriminatorios relacionados con el origen o la nacionalidad de los solicitantes.
Se trata de valoraciones y críticas formuladas por la Plataforma, que no deben confundirse con una descripción neutral de las posiciones políticas de ambos partidos.
Llamamiento a la huelga general del 11 de noviembre
La Plataforma concluye su comunicado reclamando que Castilla-La Mancha elabore una Ley de Vivienda integral que vaya más allá de las modificaciones urbanísticas y de las medidas destinadas a incrementar la construcción.
Entre sus principales exigencias figuran la regulación del mercado del alquiler, la ampliación estable del parque público y la garantía de una alternativa habitacional para las personas que afronten un desahucio.
Asimismo, anuncia que permanecerá pendiente del desarrollo reglamentario de la nueva normativa para comprobar cómo se concretan sus disposiciones.
La organización vincula sus reivindicaciones con la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre, a la que anima a sumarse junto con las movilizaciones que puedan organizarse en Castilla-La Mancha.
A juicio del colectivo, la nueva ley representa una oportunidad insuficientemente aprovechada para abordar la crisis residencial, por lo que insiste en la necesidad de adoptar medidas más amplias y garantizar una mayor protección de las personas vulnerables.
