Más de 350 personas han respaldado con su firma una iniciativa ciudadana que reclama la suspensión cautelar de las monterías previstas en la Sierra de Almansa desde octubre hasta febrero y un mayor control de la gestión cinegética que desarrolla en el monte público la Unión Cinegética Almanseña (UCA).
La movilización supone un nuevo episodio en una controversia que se prolonga desde finales de 2023, pero ahora se reincorpora al debate público con una novedad significativa: las críticas que hasta ahora habían protagonizado principalmente determinados particulares y colectivos ecologistas comienzan a articularse en torno a un nuevo movimiento ciudadano que se presenta bajo el nombre de «Monte Vivo Almansa». Este grupo organizado lleva reuniéndose para realizar una oposición activa a la actual gestión cinegética del monte almanseño y articular acciones coordinadas para lograr, en sus mínimos, un mayor control de la actividad del gestor.
La iniciativa, materializada legalmente con esta primera instancia a la Conserjería de Desarrollo Sostenible, está acompañada por una extensa relación de firmas de vecinos que manifiestan expresamente su «rechazo y oposición» a las monterías previstas para la temporada de otoño de 2026 e invierno de 2027. En la documentación remitida a las administraciones se solicita, entre otras cuestiones, la suspensión cautelar de las monterías o batidas autorizadas, argumentando la necesidad de evitar lo que sus promotores consideran un posible «daño irreparable» para la fauna de la Sierra de Almansa.
Una petición que va más allá de paralizar las monterías
La documentación impulsada por los abogados almanseños Emilio Sánchez Barberán y Patricia Ibarguren va más allá de la suspensión de las próximas jornadas de caza. En otro escrito registrado ante el Ayuntamiento de Almansa el pasado 8 de septiembre, los promotores plantean una batería de cuestiones relacionadas con la gestión del Monte de Utilidad Pública «Pinar de Almansa», coto AB-10069, cuyo aprovechamiento cinegético está adjudicado a la UCA.
Los firmantes reclaman al Ayuntamiento que compruebe el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la adjudicataria, así como que recabe y examine el Plan de Ordenación Cinegética, los censos y metodología empleados para determinar las poblaciones animales, las autorizaciones y resultados de las monterías anteriores y las inspecciones realizadas. También piden conocer los criterios utilizados para establecer los cupos de extracción.
Uno de los puntos centrales del escrito es precisamente la situación de las poblaciones de ciervos, corzos, gamos y muflones. Los promotores consideran necesario contar con un estudio que permita conocer su evolución y determinar la capacidad real del monte antes de continuar con nuevas actuaciones cinegéticas. También plantean cuestiones relacionadas con la prevención de incendios, la seguridad de senderistas y otros usuarios del monte, el destino de las piezas abatidas y la posible participación de terceros en determinadas jornadas.
El documento llega a solicitar una revisión completa del cumplimiento de las condiciones de adjudicación y que, en caso de apreciarse incumplimientos, se adopten las medidas previstas en los pliegos y la legislación aplicable. Los promotores proponen además que, para futuros aprovechamientos, se valore un modelo con mayor intervención de técnicos públicos o independientes.
Se trata, por tanto, de un movimiento que, además de condenar profundamente episodios pasados, se centra en cuestionar el modelo de control y supervisión de la gestión cinegética del monte público almanseño.
Un conflicto que comenzó tras una polémica montería
La controversia tiene uno de sus principales antecedentes en la montería celebrada por la UCA el 2 de diciembre de 2023. Una fotografía difundida posteriormente en redes sociales por los propios cazadores mostraba decenas de animales abatidos, entre ellos jabalíes, ciervos y muflones, junto a participantes en la jornada y menores de edad. La publicación de aquella imagen provocó un importante debate ciudadano y terminó derivando en una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
La investigación solicitada por Fiscalía llevó al Seprona a realizar averiguaciones. Finalmente, en mayo de 2025, la Fiscalía archivó las diligencias al considerar que los hechos investigados no constituían delito penal, aunque la documentación administrativa recogida durante la investigación sí señaló determinadas infracciones de carácter administrativo. La información publicada entonces por La Tinta recogía, entre otros extremos, un expediente de la Consejería que hacía referencia a 21 muflones abatidos frente a ocho autorizados en una de las actuaciones investigadas.
La propia UCA rechazó desde el comienzo las acusaciones de haber desarrollado una actividad cinegética ilegal. En enero de 2024 explicó que el único caso de abatimiento de una especie no permitida había sido denunciado por la propia asociación y defendió que las monterías se realizaban conforme a las autorizaciones y al Plan de Ordenación Cinegética.
Desde entonces, el enfrentamiento dialéctico alrededor de las monterías ha continuado. A través de diferentes cartas remitidas a este periódico se han cuestionado el número de batidas, los controles existentes, los cupos de animales y sus consecuencias sobre la población de ungulados de la Sierra; pero también se ha defendido la buena praxis de la UCA, así como de la necesidad de una gestión correcta del monte almanseño, la cual incluye también el mantenimiento de entornos, no solo la caza.
La UCA defiende que su actividad es legal, regulada y necesaria
Frente a estas críticas, la Unión Cinegética Almanseña mantiene una posición radicalmente diferente sobre los efectos de su actividad en el monte.
En una carta remitida a la dirección de La Tinta en enero de 2025, su presidente, Rubén Bello Villanueva, defendió que la actividad desarrollada por la sociedad es «completamente legal, controlada y supervisada por Agentes Medioambientales y SEPRONA» y aseguró que las capturas quedan registradas y se respetan los cupos establecidos.
La UCA sostiene además que antes de las actuaciones se examina la densidad de animales existente y argumenta que la sobrepoblación puede provocar daños medioambientales, afecciones a cultivos y favorecer enfermedades. Según su presidente, las monterías se celebran en los montes almanseños desde hace alrededor de medio siglo y la caza selectiva contribuye al mantenimiento de las poblaciones.
La sociedad de cazadores reivindica también su trabajo de conservación. En aquella carta cifraba en 185 los puntos de agua y alimentación para fauna que mantiene, unas 100 hectáreas sembradas anualmente, 100 majanos para conejos y alrededor de 80 kilómetros de caminos acondicionados durante el último año.
Su presidente rechazaba igualmente las acusaciones de deterioro del entorno y aseguraba que la UCA ha trabajado históricamente por «el respeto, el mantenimiento y la mejora del medio natural almanseño», afirmando que mantiene comunicación con los agentes medioambientales y el Seprona.
Esta posición volvió a ser defendida por la asociación a comienzos de 2026, cuando sostuvo públicamente que las monterías son comunicadas y autorizadas por la Consejería y están sometidas a restricciones y controles.
Más de 350 firmas y un nuevo escenario
La aparición de este movimiento vecinal de «Monte Vivo» introduce ahora un nuevo elemento dentro del conflicto. Lo que durante los últimos años se había manifestado principalmente mediante denuncias, escritos particulares y cartas públicas comienza a tomar la forma de una movilización ciudadana organizada.
Las hojas incorporadas a la documentación entregada a la Administración recogen expresamente el rechazo de los firmantes a las monterías previstas en Almansa durante el otoño de 2026 y el invierno de 2027.
Sus promotores buscan que las administraciones competentes revisen la información disponible sobre las poblaciones animales, los cupos, las autorizaciones, el desarrollo de las monterías y el cumplimiento de las obligaciones de la entidad adjudicataria antes de que continúe la actividad prevista. Las mañanas de los próximos jueves 8 y 15 de octubre en la calle San Francisco se instalará una mesa para recoger más firmas para la causa.
Frente a ello a la UCA, que defiende la legalidad, regulación y función medioambiental de su actividad, más de 350 ciudadanos han respaldado una iniciativa que reclama paralizar cautelarmente las próximas monterías y revisar el modelo de gestión y control cinegético del monte público almanseño.
