No prosperó la denuncia contra cazadores de Almansa por una polémica montería | La Fiscalía de Medio Ambiente de Albacete ha archivado la investigación abierta contra la Unión Cinegética Almanseña (UCA), tras la denuncia interpuesta ante este órgano por la Asociación Naturalista de Ayora y La Valle por presuntas irregularidades durante varias monterías celebradas entre 2023 y 2024 en la sierra de Almansa. El escrtio de Fiscalía considera que no se ha cometido delito penal en ninguna de las monterías, aunque admite que hubo infracciones administrativas.
En concreto hubo un caso que tuvo gran repercusión en la opinión pública tras la difusión, en diciembre de 2023, de una fotografía que mostraba decenas de cadáveres de animales abatidos —entre ellos jabalíes, ciervos y muflones— en una montería organizada por la UCA el 2 de diciembre de ese año. La imagen, compartida en redes sociales, generó un profundo malestar ciudadano, con críticas centradas en la cantidad de animales cazados, la presencia de menores en la escena y la supuesta falta de control sobre las especies permitidas.
La denuncia de la asociación ecologista fue enviada a Fiscalía de Medio Ambiente regional, órgano que pidió pesquisas a la Guardia Civil a través del Seprona, quienes informan a su vez de varias infracciones que no son consideradas como delito, pero sí como infracción administrativa. De esta manera, al no ser considerado delito, la Fiscalía debe archivar, ya que no es su competencia tratar infracciones de este nivel.
Denuncia a cazadores de Almansa
La Asociación Naturalista denunció ante la Fiscalía de Medio Ambiente la posible comisión de un delito contra la fauna tras la montería del 30 de noviembre de 2024, asegurando que situaciones similares se dieron en 2-3 monterías pasadas. Alegaban que se había abatido a animales no autorizados, como una cabra montesa, y que se había excedido el número permitido de piezas, en particular el cupo de muflones.
Dentro del debate público, los ecologistas también cuestionaron la legalidad de los permisos de caza y la utilidad ecológica de las monterías, acusando a la sociedad de cazadores de Almansa de obtener beneficios económicos en detrimento de la biodiversidad local. Además, ecologistas y activistas sostuvieron que algunas de las piezas no contaban con el preceptivo precinto y denunciaron la gestión de los restos animales, que —en todo momento según ellos— fueron desechados en parajes naturales como El Saladar.
La defensa de la UCA
La UCA, a través de un comunicado y diversos escritos publicados en el medio La Tinta de Almansa, negó haber cometido ninguna ilegalidad. Afirmaron que todas las cacerías fueron realizadas bajo autorización expresa de la administración, con los precintos correspondientes y dentro del marco del Plan de Ordenación Cinegética del coto.
Reconocieron un caso aislado en el que un cazador abatió una cabra montesa por error, hecho que fue denunciado por la propia asociación, lo que —según la UCA— demuestra su compromiso con la legalidad. También desmintieron haber cazado gamos o realizar monterías fuera del calendario autorizado.
La resolución judicial
En su decreto de archivo, fechado el 28 de mayo de 2025 y al que ha tenido acceso este periódico, la fiscal adscrita a la Sección de Medio Ambiente, concluye que no existen indicios de delito penal. Según el informe del Seprona y de la Consejería de Desarrollo Sostenible, las monterías de finales del 2024 y comienzos del 2025 estaban debidamente comunicadas y autorizadas, y que no se cazaron más ejemplares de los permitidos.
Eso sí, en otra afirmación de este escrito se hace referencia al expediente de facilitado por la Consejería regional sobre la ya famosa montería sucedida el 2 de diciembre de 2023. En él se afirma que «estando permitida la caza de 8 ejemplares» de muflón, terminó «habiéndose cazado 21». El escrito remarca que, en el caso concreto en el que se omitió la comunicación previa de la captura de la cabra montesa, dichos hechos constituyen infracciones administrativas, no penales.
La propia Consejería indica acompañando este expediente que, pese al exceso en el número de piezas abatidas, «no se produjo un perjuicio significativo en la población de las especies afectadas que justifique una paralización de la actividad cinegética en el coto por su gran extensión y capacidad reproductiva de la especie», por lo que entienden que «no hay problemas para su recuperación».
Estos datos coinciden con los expuesto por la propia UCA en su carta a la dirección de La Tinta de Almansa en enero de 2024: «El resultado de la montería: «21 muflones, 9 muflonas, 3 ciervos, 6 ciervas y 17 jabalíes. En ningún caso se abatieron gamos, corzos o cabras montesas. Todos estos animales fueron retirados de la sede de UCA con su correspondiente precinto».
Con todo, la investigación de la fiscalía concluye: «En el presente caso no se ha producido ninguno de los supuestos previstos en diferentes tipos penales, alegándose una mera infracción administrativa consistente en la no comunicación previa de la caza de una especie (en lo que a la montería de noviembre de 24) o en el exceso de ejemplares a los que se ha dado caza en una montería de diciembre de 23 cuya caza estaba autorizada. Tal y como el SEPRONA explica en el atestado, no se han producido daños en la población de estas especies en la zona como consecuencia de esta actividad cinegética autorizada».
La UCA misma afirmó tajantemente en el apogeo de la polémica: «UCA disponía de todos los permisos para realizar la montería tal y como han podido comprobar las autoridades competentes, quedando a disposición ante las mismas para cualquier comprobación».
Malestar entre los denunciantes
Tras conocerse la decisión del archivo, ecologistas denunciantes ha mostrado su profundo descontento. En declaraciones a La Tinta de Almansa, lamentan que «aunque se maten más del doble de los muflones autorizados, no pase nada». Añaden que el caso demuestra una grave permisividad institucional: «Da igual lo que ocurra, porque no hay consecuencias ni para la caza excesiva ni para la falta de precintos».
En declaraciones a este medio, Emilio Sánchez como denunciante afirma: «Sacamos en claro que el control es ninguno. Y es un grave problema que al no haber un control directo se pone en riesgo el exterminio de especies. Seprona y agentes no acuden a estas monterías salvo por denuncia sobre posibles infracciones. Pedimos más control en la limitación de número de animales a matar, un número de censo bien controlado y que haya un control directo en las propias monterías, con agentes presentes. La conclusión es que están saliendo a la luz infracciones administrativas gracias a nuestras denuncias».
Por su parte, Alfredo Martínez en representación de ANAV, comenta: «Nos adherimos a la opinión de Emilio. Seguiremos con ojo avizor las masacres que escopeteros, por placer económico, asesinan a todos animal vivo con la complacencia de la banda piramidal del Sr. Page».
Los denunciantes aseguran que su queja se seguirá elevando a otros organismo y que ya están consiguiendo reuniones con otros órganos responsables con el objetivo de asegurar el control en estas monterías: «No estamos en contra de los cazadores ni de la caza, estamos en contra del descontrol y de las masacres que hemos visto estos últimos años: ya no se ven animales en la sierra de Almansa».
La denuncia contra cazadores de Almansa es archivada
El caso lleva ya más de un año poniendo en el centro del debate cuestiones profundas sobre el papel de la caza en la gestión ambiental, la legitimidad de las asociaciones cinegéticas para gestionar monte público, y la coherencia de la legislación vigente de protección animal, que permite este tipo de batidas mientras penaliza duramente otras acciones menores contra animales domésticos.
Mientras, desde su posición, la Unión Cinegética Almanseña insiste en que su actividad favorece el equilibrio ecológico y genera ingresos para conservar el entorno. «La montería es una modalidad de caza que se viene realizando en nuestros montes desde hace cincuenta años. No es, por tanto, una novedad. Tras este medio siglo de práctica los animales no solo no han desaparecido, sino que incluso en algunas especies como el ciervo o el muflón, la población ha aumentado ostensiblemente», declaró en este periódico Ruben Bello Villanueva, presidente de la Unión Cinegética Almanseña.
Declarado ilegal el Reglamento de Caza de Castilla-La Mancha
