«Estamos a 5 de Julio y, un año más, seguimos sin saber nada de la gratuidad de la Zona Azul en las tardes de julio y agosto. Un compromiso que realizó Javier Roselló en un pleno de julio de 2019 y que quiere quitarse de encima, alegando que supondría una gran contraprestación económica», aseguró Salud López, concejala socialista. En este sentido añadió que estas contraprestaciones económicas «sólo suponen un problema para este alcalde cuando va en beneficio de los ciudadanos y no cuando benefician a la empresa concesionaria».

El PSOE recordó que el Ayuntamiento de Almansa tiene pendiente de resolver una reclamación por la suspensión del servicio durante dos meses, en pandemia. Javier Boj, concejal socialista, recordó que el equipo de Gobierno suspendió el servicio de la Zona Azul del 16 de marzo al 24 de mayo y la empresa reclamó en concepto de ingresos que no se habían producido. Este asuntó quedó en suspenso, puesto que la empresa solicitó una ampliación del contrato en 18 meses para paliar sus pérdidas.

Tras casi un año sin novedades, la semana pasada se hizo pública una resolución en la que se concede a la empresa de la Zona Azul la ampliación del contrato en 4 meses. «Lo lógico es que por 70 días de ausencia del servicio les hubieran compensado con 70 días de prórroga del servicio. Sin embargo, han decidido darles 50 días más. Estos negocios a favor de las empresas concesionarias del servicio vienen siendo un mantra en este mandato», señaló Boj.

López recordó también que el equipo de Gobierno ya permitió ampliar las plazas de Zona Azul sin contraprestación y que «la empresa municipal estuvo cobrando a los vecinos y vecinas ilegalmente una tarifa 5 céntimos superior a la que correspondía. Seguimos esperando que el alcalde tome alguna medida contra la empresa y le reclame los ingresos indebidos», indicó.

Finalmente, los socialistas concluyeron pidiendo, un año más, que no se cobre la Zona Azul durante las tardes de julio y agosto, ya que «es una demanda ciudadana y un compromiso del alcalde». Se trata de una medida que llevan tiempo aplicando otras ciudades como Albacete o Yecla y a las que otras como Villarrobledo se van a incorporar este año.