12/08/2022

El periódico digital de Almansa

Piden hasta 7 años de prisión para el dueño y dependienta de una ‘Grow shop’ de Almansa

Están acusados de distribuir drogas sintéticas en un establecimiento abierto al público, lo que el Ministerio Fiscal considera un delito grave contra la salud pública
Juzgados de Albacete

Las Grow shops o establecimientos dedicados al asesoramiento y venta de productos para el cultivo de cannabis entran en un vacío legal que permite que continúen con su actividad sin que sea constitutiva de delito. Sin embargo, está prohibido que comercialicen con sustancias ilegales. Este es el motivo por el que se juzga hoy, 10 de marzo, al dueño y la dependiente de una Grow shop de Almansa, acusados de distribuir drogas sintéticas.


La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete tiene previsto juzgar a J.R.O. y a D.M.L., dueño y dependienta del establecimiento, acusados de distribuir drogas sintéticas que llegaban a Motril (Granada) desde Reino Unido.

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En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que los hechos ocurrieron el 7 de marzo de 2016, cuando el Juzgado de Instrucción número 5 de Almería autorizó la entrada y registro del Grow shop de Almansa, a raíz de intervenciones telefónicas realizadas por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.

Las investigaciones de los agentes apuntaban a la existencia de una organización criminal dedicada a la venta y distribución de drogas sintéticas que llegaban de Reino Unido hasta Motril, donde se distribuían a diferentes grows de España, tiendas dedicadas a la venta de productos para el cultivo de marihuana.

Así, el 15 de marzo se hallaron en el almacén 14 sobres de CHARGE+, de 0,50 gramos cada uno, con un valor total en el mercado ilegal de 175 euros. Producto cuya comercialización en España es ilegal, ya que se considera que puede producir graves daños a la salud.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por el que les piden 7 años y 6 meses de prisión, para cada uno de los acusados, así como el pago de una multa de 700 euros, en la modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud y concurriendo la circunstancia de que los hechos fueren realizados en establecimientos abiertos al público.


JCCM

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