El bloque de las Mociones del Pleno Extraordinario de la Diputación de Albacete celebrado ayer, estuvo integrado por cuatro propuestas. La segunda de ellas, se elaboró de forma conjunta por el grupo de Ciudadanos, con Arturo Gotor como portavoz y por el Partido Popular, con Javier Sánchez Roselló. ¿El objetivo? Instar a la institución provincial a implicarse a través de los ayuntamientos en la solución del «problema de la okupación».
La moción reclama «medidas que garanticen el derecho constitucional a la propiedad privada, la seguridad y convivencia ciudadana y combatan eficazmente la ocupación ilegal de viviendas», expuso Gotor. «Aunque la ocupación no es un problema grave para nuestra provincia, la ocupación en España ha crecido más de un 50% en los últimos años. Estos datos demuestran que nos encontramos con un problema creciente en nuestro país y pone en riesgo la seguridad de las personas», aseguró el portavoz de Cs.
Por ello, proponen lo siguiente: «Que la Diputación de Albacete manifieste su apoyo a la Proposición No de Ley aprobada en por unanimidad en las Cortes Regionales frente a la okupación ilegal [ya en manos del Congreso de los Diputados]». También solicitó que la Diputación inste al Gobierno Central y Cortes a promover las reformas necesarias para luchar contra esta «lacra». Posteriormente, la propuesta fue detallada por el Alcalde de Almansa.
La respuesta de Podemos-Izquierda Unida
José Ignacio «Nacho» Díaz, portavoz en la Diputación, expresó su alegría porque ambos grupos uniesen en una moción conjunta las que iban a presentar Ciudadanos y populares por separado, pues «la okupación es un problema relativamente pequeño, como ha admitido el señor Gotor, e iba a dar la sensación de que lo único que preocupa es eso, cuando es una situación contraria a la que viven los vecinos y vecinas de Albacete».
El diputado de Unidas Podemos-Izquierda Unida pidió, además, que «diferencien entre allanamiento y usurpación» y precisó que la mayoría de las viviendas deshabitadas que son okupadas pertenecen a bancos y fondos buitres que «las dejan vacías para especular con ellas». Además, explicó que «el delito de “allanamiento de morada” ya tipifica actuaciones rápidas por parte de los cuerpos policiales (en las primeras 48 horas) en el caso de que se entre en una morada o vivienda ajena». Y ahí entran, remarcó, los ejemplos «mediáticos» con los que estos partidos hacen «campaña», del estilo «me he ido de vacaciones y me han ocupado la casa».
Díaz consideró que «el objetivo de esta campaña es claro: provocan un miedo infundado en la sociedad, benefician a empresas privadas de seguridad que “desokupan” y tratan de desequilibrar el Gobierno de España», consideró. Y propuso, en su lugar, centrar los esfuerzos de la Diputación en regular el precio de los alquileres, luchar contra la especulación y evitar que bancos y fondos buitres echen a la calle a «personas que necesitan una vivienda, porque es su derecho constitucional».
Turno de Javier Sánchez Roselló
«La moción que presenta el grupo popular no tiene otro fin que instar al Gobierno a aprobar una Ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada», respondió Roselló. «Nuestro ordenamiento jurídico, y pese a que se modificó y agilizó el proceso acortando los plazos, se ha visto totalmente incapaz de garantizar a los ciudadanos la tenencia y el disfrute pacífico de su propiedad, pues que hace difícil la recuperación de la vivienda», consideró.
Aunque «gran parte sí», dijo, «no todas las okupaciones son de personas con necesidades habitacionales». En su opinión, existe una «proliferación de bandas organizadas que okupan inmuebles para alquilarlos de manera ilegal. Nos encontramos con alteraciones de la paz vecinal y con “narcopisos”». Por ello, cree necesario «garantizar de manera contundente la propiedad privada». Y señaló que el año pasado en la provincia se iniciaron 18 procedimientos en este sentido, por lo que «sí que es un problema real en la provincia de Albacete, cada vez más frecuente».
Esta moción propone, en definitiva, «dedicar más medios materiales y humanos para que los problemas de convivencia puedan resolverse de manera veloz y ágil, en un plazo de 12 horas sin necesidad de esperar meses. Y todo esto es compatible con cuidar de las personas en riesgo de exclusión social y darles una alternativa habitacional», concluyó.
Votaciones
La moción contó con el voto en contra del diputado provincial de Unidas Podemos-Izquierda Unida y con el apoyo del Equipo de Gobierno. El encargado de explicar esta posición fue el diputado socialista Pedro Antonio González que, agradeció a Roselló haber unificado su moción con Ciudadanos. Su voto favorable se produce por «coherencia» con lo ya votado en las Cortes Regionales.
El socialista se remitió al acuerdo que, por unanimidad, todos los grupos políticos de las Cortes Regionales alcanzaron previamente con una Proposición No de Ley. Eso sí, insistió en que «ni los Ayuntamientos ni la Diputación tienen posibilidad alguna de actuación en este sentido» y que «éste no es un problema que afecte en gran medida a la provincia», por lo que pidió que no haya ánimo de «generar alarma social».
Roselló agradeció el voto positivo de los socialistas y lamentó la decisión de Podemos-Izquierda Unida.
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