25/10/2020

Periódico digital de Almansa

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El PP recoge firmas en Almansa para frenar la «okupación»

Casado implica a todo el partido para apoyar su propuesta «en defensa de la propiedad privada»
Firmas okupación Almansa, Ramón Rodríguez Tania Andicoberry
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«Ayúdanos a parar las okupaciones ilegales, una lacra social que cada vez afecta a más familias que ven cómo los okupas actúan de forma impune». Bajo el logo de los populares, estas líneas arrancan un escrito con el que el Partido Popular de Almansa pretende recoger firmas contra la «okupación» ilegal. Más abajo, se pide a la persona firmante que indique su nombre y apellidos, DNI y rúbrica.

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Tania Andicoberry, portavoz del partido en Almansa, acompañada por su presidente, Ramón Rodríguez, anunció, en una comparecencia en la sede de los populares en Almansa, que su partido se une a las instrucciones que la dirección del PP, con Pablo Casado como cabeza visible, ha dado a todos sus cargos provinciales y locales. La cúpula ha pedido a todo el aparato del partido su implicación en la campaña de recogida de firmas. ¿El objetivo? Que un amplio apoyo social fuerce al Gobierno de Pedro Sánchez a realizar cambios en la legislación vigente.

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«En Almansa hemos querido sumarnos y añadir nuestro apoyo a la Ley Antiokupas», informó Andicoberry. Esta propuesta fue realizada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. La portavoz de la formación azul en Almansa hizo un llamamiento «a todos aquellos ciudadanos que compartan que el problema de la okupación ilegal se ha convertido en un problema serio para nuestra sociedad». Y añadió: «las okupaciones se han incrementado un 40% en dos años y se han recibido 7.450 en lo que va de año».

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Sin embargo, según datos del Ministerio del Interior, a los que tuvo acceso Europa Press, apuntan que las denuncias por «okupación» de inmuebles se han incrementado en España un 40% en cuatro años. Asimismo, es cierto que este año se han recibido 7.450 denuncias hasta julio, frente a las 7.093 del primer semestre del pasado ejercicio.

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«Los procedimientos son largos, costosos y tediosos», indicó Andicoberry. Y así, el objetivo del Partido Popular es ampliar los tiempos de actuación policial sin intervención judicial. Proponen desalojos «exprés» de 12 horas. También que la okupación con violencia se castigue con penas de cárcel de 1 a 3 años o «que la incitación a la okupación también se castigue con penas de cárcel de 3 meses a 1 año», según recoge el papel para la recogida de firmas.

Por último, proponen que los okupas no puedan empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente y «que se dé la posibilidad a las comunidades de propietarios de iniciar acciones legales», señaló Andicoberry. Finalmente, piden que se garantice la vivienda social, «sobre todo a los menores que puedan residir en esas viviendas». Apelan a la defensa «de la convivencia y la seguridad», al final del escrito. «Nadie entiende que los okupas tengan más derechos que los propietarios de una vivienda», apostilló Ramón Rodríguez.

La recogida de firmas será en el mercado municipal

¿Cómo pueden los vecinos de Almansa adherirse a esta campaña? «Saldremos a recoger firmas el martes día 13 y el jueves día 15 en las inmediaciones del mercado municipal, en lo que era la puerta de nuestra antigua sede en la calle San Francisco, para que todo aquel que lo desee firme una hoja sencilla para aprobar esta proposición de Ley», explicó la portavoz. «También pueden adherirse a través de las redes sociales del Partido Popular».

Paralelamente, el partido ha iniciado una campaña online en Change.org que ya ha recabado más de 11.000 firmas y que se extenderá a lo largo del mes de octubre, según informaron fuentes populares.

El PP va a intensificar su ofensiva para frenar «esta lacra», a pesar de el Pleno del Congreso ya rechazó una iniciativa pactada por Ciudadanos, Grupo Popular y Vox que planteaba varias modificaciones legislativas para endurecer las penas contra quienes ocupan inmuebles ilegalmente, agilizar su recuperación por parte del propietario y garantizar la protección de las familias en situación de vulnerabilidad habitacional.

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